Category: Política

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noviembre 20th, 2017 by admin77

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Los comunes tienen alergia a la expresión “línea roja” desde el primer trimestre de 2016, cuando estas dos palabras marcaron las infructuosas negociaciones de Podemos y las confluencias con el PSOE para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. El candidato de En Comú Podem a las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre, Xavier Domènech, prefiere hablar de “garantías”. Pero a cinco semanas de los comicios, se llamen como se llamen, ya dominan la precampaña ante la posibilidad de que el resultado del 21D no depare una mayoría clara. Y son muchos los que miran de reojo a los comunes.

Los partidos que integran la coalición entre Catalunya en Comú y Podem han definido su posición ante la crisis catalana por su rechazo tanto a la independencia en los términos propuestos como a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Autonomía catalana. “Ni DUI ni 155” ha sido, y es, un mantra escuchado decenas de veces en boca de Ada Colau, Pablo Iglesias, Irene Montero, el propio Domènech o cualquiera de los portavoces del espacio.

La posición que durante semanas les ha valido acusaciones de “equidistancia”, tanto desde el bloque independentis,ta como desde el denominado constitucionalista les puede convertir tras el 21D en la opción con la llave que desbloquee la situación.

En las últimas horas, ERC y Ciudadanos han lanzado mensajes hacia los comunes en los que de forma clara apelan a los de Domènech para intentar asegurarse su apoyo una vez que se conforme el próximo Parlament. Una prueba, aseguran desde En Comú Podem a eldiario.es, de que ningún bloque logrará mayoría absoluta el 21D. Y de que los tracking semanales así lo atestiguan. Y la fragmentación del “bloque constitucionalista” y del independentista.

Primero fue el líder de ERC, Oriol Junqueras. Y luego la de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Las listas de ambos se perfilan como las más votadas, aunque a mucha distancia de lograr una mayoría estable. 

¿Cuáles son las “garantías” que piden los comunes?

En Comú Podem intenta desembarazarse de una cuestión que se ha planteado con mucha premura y antes de conocerse si quiera la composición de las listas o el contenido de los programas electorales. Desde la candidatura recuerdan a eldiario.es que “Marta Rovira se fue a decirle a Puigdemont que iban a hacer un Gobierno de concentración y luego Junqueras ha dicho lo contrario”.

El planteamiento de partida de los comunes fue expuesto hace días por Colau y Domènech, quienes pidieron a los demás partidos que incluyeran en sus programas la restauración del autogobierno en Catalunya y la “amnistía” para los presos del proceso. Recuerdan, además, su negativa a la DUI. “Nuestra fuerza política va a ser la garantía para que no sigan con las vías unilaterales”, señalaba Domènech en una entrevista con El País este mismo miércoles.

Una idea apoyada desde el Congreso por Pablo Iglesias, quien planteó como condicionante para abrir negociaciones con ERC su “renuncia al unilateralismo”, además de una “apuesta para que haya también políticas progresistas en España”.

Los comunes plantean que el desbloqueo de la situación en Catalunya es lo primero que hay que abordar tras el 21D, para lo que proponen romper esa dinámica de bloques que ha imperado desde las autonómicas de 2015.

Inmediatamente después, “poner en el centro de una vez las agendas sociales, pospuestas desde hace demasiado tiempo”, según recordaba Domènech en El País. Es decir, conocer los programas electorales de los partidos.

Solo después, habría que abordar el “modelo de país”. Ese “modelo” es plurinacional para los comunes y para Podemos. El partido de Iglesias se ha lanzado a explicar en el resto de España en qué consiste su visión de las diferencias territoriales y de cómo habría que conjugarlas. Este miércoles, Iglesias hacía un somero repaso a esta cuestión en una presentación de un libro, precisamente al lado de Xavier Domènech, con unas declaraciones que han molestado al PSOE de Andalucía

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noviembre 20th, 2017 by admin77

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Quedan 40 días para las elecciones catalanas del 21D y el ambiente ya es de campaña total. Los partidos van perfilando sus candidaturas y fijando posiciones. Mientras las fuerzas independentistas arman su estrategia con los principales referentes en prisión o en Bruselas, como el caso de Carles Puigdemont, PSC y los ‘comunes’ luchan por atraer al electorado de izquierdas no independentista. Ambas formaciones han subido el tono y han endurecido sus reproches mutuos conscientes de que se disputan a una parte relevante del electorado. 

El candidato socialista Miquel Iceta se anotó el primer tanto de la batalla con la adhesión a las listas del PSC al exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, de quien Podemos presumió durante un corto periodo de tiempo por tenerle de su lado –fue uno de los cinco eurodiputados que consiguió el partido de Iglesias en su estreno en las elecciones europeas–. Villarejo cerrará la lista del PSC por Barcelona. 

El PSC ha sumado a candidatos independientes y vinculados con la izquierda catalana, como Beatriz Silva, fundadora de Federalistas d’Esquerres. Pero Iceta pone el énfasis en la “transversalidad” de su candidatura en un momento en el que cree que la batalla en Catalunya se juega en una clave distinta a la estricta del eje izquierda-derecha. De ahí la suma de representantes de las principales entidades no soberanistas, como el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, Àlex Ramos; o los miembros de Tercera Vía Mario Romeo, Victoria Camps, o Carme Valls. El mayor golpe de efecto fue, no obstante, la integración de los herederos de la Unió de Josep Durán i Lleida, como el exconseller Ramón Espadaler, bajo el pretexto de llegar al “catalanismo moderado”

Los ‘comunes’ sitúan al PSC en la derecha

Ese ha sido uno de los principales argumentos de los ‘comunes’ para pasar al ataque.”No entiendo, como mujer de izquierdas, que Iceta se alíe con PP y Ciudadanos, y sume a sus filas a Unió, un partido de derecha en contra de los derechos LGTBI. Si esto es la izquierda, que venga alguien y me lo explique”, reprochó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.;“¿Adónde has ido a parar, PSC? ¿Quo vadis, PSC?”, se ha preguntado el candidato de los ‘comunes’ y Podem, Xavier Domènech, que ha reprochado a los socialistas que presuman de “políticas sociales” cuando se alían con la derecha que “niega el libre derecho a decidir de las mujeres y de los homosexuales”.

El 155 es otro de los dardos de los ‘comunes’ contra el PSC así como la posición que han mantenido los socialistas ante el encarcelamiento de los representantes de la ANC y Òmnium y de los miembros del Govern. “No entiendo que no se pida la libertad de compañeros, aunque no sean de tu partido, por mucho que sean adversarios políticos”, dijo la alcaldesa de Barcelona.”No puedes ser alternativa cuando pasas del ‘no es no’ al ‘sí pero no’ y luego al ‘sí, sí'”, reprochó Domènech sobre el apoyo de Pedro Sánchez y Miquel Iceta a la aplicación del 155.

Los socialistas consideran que el 155 no les pasará tanta factura como pensaron en un inicio y se esfuerzan por explicar que no lo querían pero que fue irremediable ante la declaración unilateral de independencia.  “En el momento en el que hay un precipicio hay que pararlo”, señalan fuentes del PSC, que aseguran que el 155 se ha puesto en marcha con la “mínima expresión” y con el único fin de convocar elecciones.

El PSC cree que achicará el espacio de los ‘comunes’

PSOE y PSC acusan a Iglesias y sus socios en Catalunya de “poner una alfombra” al independentismo. Consideran que les han hecho el juego al participar en el referéndum del 1-O, al asistir a las manifestaciones –como la convocada este sábado para exigir la liberación de los “presos políticos– o al votar en la proclamación de la república catalana en el Parlament, aunque lo hicieran en contra. 

Cada vez más alejado de su “socio preferente”, Pedro Sánchez cargó con dureza contra Pablo Iglesias y sus aliados en Catalunya, a los que acusó de “acompañar en este viaje al secesionismo de las élites”. “¿Qué izquierda es esa que justifica que haya presos políticos en otros países y se lleva las manos a la cabeza de que en España haya políticos presos por saltarse la ley?”, se preguntó en su discurso ante el Comité Federal en el que también aseguró que no se puede culpar a los jueces de la situación que atraviesa Catalunya. Un discurso muy alejado del de Iglesias y En Comú.

En el PSC están convencidos de que sacarán rédito de la crisis de Podem así como de la posición que han mantenido los ‘comunes’ ante el desafío soberanista: “Se han quedado en tierra de nadie –aseguran fuentes del partido de Iceta–. Podemos tiene que decirnos qué defiende. En política hay que tener una posición coherente”. Mientras tanto, los socialistas enarbolan la bandera de la izquierda frente a Iglesias y Domènech tratando de situarles en la órbita de ERC: “No hay ninguna bandera de izquierdas en la causa independentista”. 

Malestar en el PSC con Ada Colau

Lo que ha tensado aún más ha sido la decisión de Ada Colau de someter a las bases de Barcelona En Comú el pacto de gobierno que alcanzó hace apenas un año y medio con el PSC. Los socialistas catalanes reprochan a la alcaldesa que 10.000 personas vayan a decidir el futuro de la capital catalana, pero lo que peor ha sentado al PSC es que Colau “no se haya mojado” en defender el acuerdo ante sus militantes. Los de Jaume Collboni, segundo teniente de alcalde, le recuerdan que el propio pacto recoge la imposibilidad de romperlo por aspectos que trasciendan a la política municipal. 

En el PSC están convencidos de que en la consulta las bases de Barcelona En Comú optarán por la ruptura del acuerdo. Aunque fuentes del PSC admiten que “como partido” les puede “beneficiar” de cara al 21D, consideran que para “la ciudad es un desastre” por la inestabilidad que, a su juicio, provocará. Colau tiene once concejales de los 41 que forman la corporación. Una de las armas arrojadizas de los socialistas es que la alcaldesa tendrá que apoyarse en el grupo que lidera Xavier Trias, que figura en los Papeles del Paraíso como beneficiario de un ‘trust’ offshore gestionado desde Suiza

Iceta ha advertido de que la ruptura del acuerdo sellado por Colau y Collboni complicará posibles entendimientos postelectorales. “Tendrá consecuencias más allá de la ciudad”, ha asegurado en varias entrevistas. No obstante, las encuestas publicadas hasta el momento no apuntan a la posibilidad de que PSC ni los ‘comunes’ aspiren a liderar un gobierno, aunque sí les señala como posibles bisagras. No obstante, en el PSC ven inviable un acuerdo de las fuerzas constitucionalistas –Ciudadanos, PSC y PP– porque “no suman” y “los ‘comunes’ no sumarían sus votos ni a PP ni a Ciudadanos”, según fuentes próximas a Iceta. Aún así, el primer secretario del PSC está convencido de que “después del 21D habrá que seguir apostando por la transversalidad”. 

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noviembre 19th, 2017 by admin77

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha alabado este domingo la labor del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela por “ayudar a la paz en estos dos últimos años” pese a que, en su opinión, “cualquier cosa que diga de Zapatero le puede perjudicar” porque en España “persiguen a cualquier persona que pueda venir a ayudar a Venezuela”.

“Creo que Zapatero ha ayudado a la paz en estos últimos dos años. Se lo tengo que agradecer. Es un testigo excepcional del esfuerzo que hemos hecho por el diálogo, la paz, el entendimiento”, ha asegurado a preguntas de Jordi Évole en el programa ‘Salvados’. Para el mandatario venezolano, Zapatero “expresa una España dialogante, democrática, respetuosa de Venezuela”.

Sobre la figura del presidente español, Maduro ha afirmado que a Rajoy le gustaría tener buenas relaciones con él pero hace “su política exterior bajo el dictado del departamento de Estado Washington, lamentablemente”. “¿Quién es Rajoy para meterse a dictarle pautas políticas a Venezuela?”, se ha preguntado Maduro, que en anteriores ocasiones ha calificado a Rajoy de “colonialista” y “doble racista”: “Para Venezuela, es sensible que la élite española se meta”.

Durante la entrevista, Maduro ha rechazado responder a si reconoce la existencia de la república catalana tras criticar a finales de octubre la falta de “moral” del Ejecutivo español y se mostrarse contrario al encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Òmnium Cultural. “Es la pregunta más provocadora que me has hecho hoy”, ha respondido en esta ocasión a Jordi Évole, entre risas. “No me puedo meter en los asuntos de internos de España. Si algo puedo decir es que ha de resolverse por el método de la diplomacia. No se puede resolver a golpe y porrazo”.

Preguntado por la gran presencia en los medios de comunicación españoles de noticias sobre la situación en Venezuela y él mismo, ha contestado que se debe “al miedo al cambio” que se anunció en España tras el 15M. Fue entonces, dice Maduro, cuando comenzó a “correr el miedo creciente a la revolución bolivariana” y “a las ideas que manan de ella”. “Para que nos coloquen en primera plana de ABC, del diario derechista El País, de El Mundo, de los informativos de Antena 3… alguien tiene que tomar una decisión”. “Se ha saturado a la opinión pública española”, ha zanjado.

Una parte de la entrevista de Jordi Évole ha versado sobre Podemos. Al respecto de la formación liderada por Pablo Iglesias, ha dicho que se trata de “un fenómeno político” de la sociedad española que “no ha surgido porque Nicolás Maduro o Hugo Chávez los hayan fundado”. “Uno de los miedos más grandes tras el 15M era el surgimiento de plataformas como Podemos y han tratado de estigmatizarlas”, ha expresado el mandatario, que considera también que vincular a su Gobierno con Podemos es un “bodrio comunicacional” propio de “una dictadura” y “del pasado franquista del Partido Popular”.

En torno a la situación en Venezuela, Maduro ha asegurado no tener ningún problema en reconocer las derrotas y ha dicho que “la victoria y la derrota” son “dos farsantes”: “Al final uno es quien es. De 22 elecciones, hemos ganado 20 veces y hemos hecho gran esfuerzo por asumirlo con honestidad”. Ha señalado en la segunda derrota -en 2007 fue la primera y la segunda en 2015- se produjo en una situación que “era muy difícil” porque “habían desaparecido los productos de la dieta diaria y las colas en la calle eran terribles”. “Al minuto salí yo, aquí sentado, a decir ‘nos han derrotado'”, ha dicho.

Además, durante el programa -que ha comenzado con las intervenciones del líder de IU Alberto Garzón y el expresidente del Gobierno Felipe González analizando si Venezuela es una democracia o una dictadura- ha reivindicado el cumplimiento del derecho a la información y libertad de prensa en Venezuela porque la mayoría de las radios y periódicos se encuentran “en manos de sectores privados”. En este sentido, ha señalado que el límite para decidir la renovación o no de los permisos de transmisión es la legislación: “Ninguna televisión, ninguna radio, tiene permiso para promover la violencia en ningún país del mundo”.

Finalmente, Maduro se ha comprometido a llevar a la Asamblea Nacional Constituyente -encargada de redactar la futura Constitución- el matrimonio homosexual y ha asegurado, además, que el “movimiento feminista tiene un planteamiento” sobre el aborto que llevará a la Asamblea Constituyente.

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noviembre 19th, 2017 by admin77

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Estamos en precampaña electoral y los partidos buscan sus fórmulas para dinamitar a los adversarios políticos. El PSOE ya ha tratado de marcar distancias con Podemos y los ‘comunes’ para pelear por el electorado de izquierdas y pasa al ataque ahora contra PP y Ciudadanos, de quienes ha ido de la mano en la respuesta al desafío independentista. 

Durante la gestión del 155, Pedro Sánchez hizo el vacío a Albert Rivera, que también negoció con Mariano Rajoy su puesta en marcha. Aquella decisión supuso una tregua en el enfrentamiento del PSOE con Génova. El tono bajó hasta el punto de que Sánchez retiró sine die la propuesta de reprobar a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que había lanzado tan solo unos días antes, o que en las sesiones de control al Gobierno evitaron hacer sangre con algunas polémicas. El PSOE se ha atrevido ahora a pedir explicaciones a la vicepresidenta por las supuestas “injerencias” de Rusia en el conflicto catalán. Eso sí, en una comisión secreta del Congreso

“No apoyamos al Gobierno, apoyamos al Estado. Como padres y madres de la Constitución, lo que hicimos fue defender nuestra Constitución”, ha defendido la número dos del PSOE, Adriana Lastra, que ha asegurado que hubo “cierre de filas en la defensa del estado de derecho”: “Nunca ha habido tregua con el PP y con el otro partido que lo sustenta”, ha afirmado en relación a Ciudadanos. La diputada asturiana ha asegurado que el PSOE siempre ha mantenido una firme oposición contra Rajoy y ha retomado la petición de dimisión del presidente: “Seguimos diciendo lo mismo. La responsabilidad política va antes que la penal y se sustancia en el Congreso de los Diputados o dimitiendo”. 

Los socialistas tratan de sacar la cabeza y desmarcarse de los que han sido sus socios a la hora de afrontar el desafío soberanista. Sánchez y Miquel Iceta tratan de marcar distancias con el llamado bloque constitucionalista y resituarse en la izquierda. 

Sánchez se lanzó contra Ciudadanos –el principal adversario del PSC– y le acusó de estar a “la derecha del PP”. “Es el VOX de la política española”, aseguró en una entrevista en Cuatro. El secretario general aseguró que no pactaría con Rivera en estas circunstancias. “Es Ciudadanos quien se ha orillado yendo a la derecha de la derecha”, ha dicho en esa misma línea Lastra: “Está siendo cómplice del PP”. 

Ahora el PSOE busca recordar que Albert Rivera pactó con Mariano Rajoy para que se quedara en Moncloa y les suspende en la ejecución de sus promesas de investidura. 

“El Gobierno no está en funciones aunque lo parezca por la desidia con la que trabaja”, ha dicho la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en la presentación de la auditoría que han hecho los socialistas del acuerdo alcanzado por Rajoy y Rivera: “Un pacto que en principio tendría que ser la base de la acción del Gobierno, el pacto de las derechas”. 

“Bailan mejilla con mejilla”

“Este baile de incumplimientos requiere de dos partidos que bailan mejilla con mejilla en el Congreso de los Diputados”, ha dicho Lastra, que ha cargado contra el Gobierno pero también contra Ciudadanos: “Ninguna de las dos denuncia el incumplimiento”. “Su color es el naranja pero se dedica a blanquear la corrupción del PP –ha agregado–. Dicen que son el azote del populismo pero lo ejercen de la peor manera, que es acordarse cuando están en campaña y se olvidan cuando están en el Gobierno”. La dirigente asturiana ha asegurado que ni Rajoy ni Rivera tienen “voluntad política” para poner en marcha medidas que no suponen gasto público. 

Coincidiendo con que hace un año que Rajoy logró sacar adelante la investidura –gracias a ese acuerdo con Ciudadanos y a la abstención de los socialistas, el PSOE ha estudiado el nivel de cumplimiento de las 150 medidas que pactaron PP y Ciudadanos. Según los cálculos de la Ejecutiva, que se ha reunido este jueves en Valladolid, un 85,8% de lo acordado sigue sin cumplirse. No obstante, si no hay adelanto electoral, Rajoy tiene aún casi tres cuartas partes de su mandato por delante para ponerlas en marcha. “La tendencia es incumplir aquello que se acuerda”, ha dicho Lastra. 

“Pacto de las derechas”

Del total de las 150 medidas, la cúpula del PSOE considera que 132 no han sido ejecutadas, mientras que solo un 5,4% se han cumplido y un 8,8% están en proceso de llevarse. Los socialistas desgranan el programa en cinco bloques (economía, estado de bienestar, regeneración, y fortalecimiento de las instituciones y el modelo territorial; y España en el mundo).

Los porcentajes son bastante similares, aunque es en el aspecto exterior en el que para los socialistas se está ejecutando más el programa de legislatura de Rajoy y Rivera, con un 42,9% de cumplimiento. Los de Sánchez han cargado contra el incumplimiento del “pacto de las derechas”, a pesar de que criticaron duramente en su momento las medidas selladas por el presidente de Ciudadanos y el líder del PP. 

En el lado contrario se encuentra el bloque del modelo territorial –precisamente en el que el PSOE ha dado su apoyo a Rajoy con la respuesta al desafío independentista–. Según los socialistas, se han incumplido la mayoría de propuestas. Solo se ha dado luz verde en el cambio de modelo de servicio público para RTVE “asegurando que la selección de sus directivos se realice a partir de criterios de profesionalidad y excelencia”. Esta misma semana la portavoz socialista, Margarita Robles, mandó una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que le exigía la puesta en marcha del proceso de selección de la nueva cúpula de la corporación. En ese bloque hay otras dos medidas en marcha pero sin ejecutar: la reforma de financiación autonómica y la que afecta a las corporaciones locales. 

El discurso de Rajoy no sale tan mal parado. El PSOE admite que el presidente ha cumplido un 44,7% de las trece medidas que expuso en su discurso de investidura, como las medidas de apoyo a los autónomos o el refuerzo de la prevención de los casos de corrupción y fraude en contratación pública. “No ha habido plan de choque contra el empleo”, ha lamentado Lastra, que ha recordado que tampoco se crea trabajo indefinido ni mejorado la formación profesional dual. 

Enfado en el PSOE por el plantón en su comisión

Lastra no ha ocultado el malestar del PSOE por el plantón que le han dado Unidos Podemos y los nacionalistas en la comisión territorial propuesta para analizar el sistema autonómico como paso previo a la apertura de la reforma constitucional. Pero la dirigente socialista ha centrado sus críticas en Pablo Iglesias, a quien ha pedido que “deje de hablar tanto de plurinacionalidad [reprochó a Sánchez que se olvidara de su propuesta estrella de las primarias] y de asuntos que no están en la agenda política”.

“Que deje de esconderse detrás de las confluencias y dé la cara en el Congreso de los Diputados. Si quiere solucionar los problemas que se sienten en la comisión de estudio en la que deberíamos estar todos los ciudadanos”. “Es una irresponsabilidad que les pasará factura. La historia no les absolverá”, ha sentenciado. 

La dirigente del PSOE ha intentado restar importancia al ninguneo del PP a esa comisión y ha recordado que el presidente del Gobierno se comprometió con Sánchez a modificar la Carta Magna, pero que también contrajo el compromiso en sede parlamentaria. “Esto tiene algo de guerrilla de campaña”, ha dicho Lastra, que se ha mostrado convencida de que se abrirá la reforma constitucional.

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noviembre 19th, 2017 by admin77

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El PP ha sacado toda la artillería contra sus adversarios políticos en la comisión que ha creado gracias a la mayoría absoluta que tiene en el Senado para investigar la financiación del resto de partidos, que han declinado participar en lo que consideran que es una “farsa” y un intento de los de Mariano Rajoy de tapar su financiación ilegal. El portavoz del PP, Luis Aznar, no disimula en sus ataques a las demás formaciones –con especial beligerancia contra Podemos y el PSOE–: siembra dudas sobre sus fondos pese a que insiste en que la intención es trabajar en una “comisión de estudio” en la que mejorar los métodos de recaudación de las formaciones. 

La comisión se ha convertido en un interrogatorio en el que el portavoz cambia el tono en función de sus intereses: alaba el periodismo desarrollado por el director de OKDiario, Eduardo Inda, que sostuvo sus tesis de que el partido de Pablo Iglesias ha recibido dinero de Irán y Venezuela, pese a que las pruebas han sido desechadas en los juzgados, mientras que echa rapapolvos al resto de comparecientes. 

El PP da por hecho que Monedero miente y que la financiación de Podemos es ilegal. Los conservadores retomaron la actividad de la comisión tras cuatro meses de parón con una primera sesión monográfica sobre Podemos. Citó para ello al periodista Enrique Riobóo, dueño del Canal 33 en el que se emitía La Tuerka y que ha aireado la presunta recepción de dinero de Venezuela e Irán por parte de los dirigentes de Podemos sirviendo como base para algunas de las querellas presentadas contra la formación de Iglesias que han sido archivadas. Riobóo se enfrenta ahora a que Podemos le lleve a los tribunales por decir que “venían con los bolsillos dopados” con dinero procedente de esos dos países. 

La tensión fue tan evidente entre el PP y Juan Carlos Monedero que el portavoz del PP, Luis Aznar, admitió que había tirado del “sarcasmo” en el interrogatorio (él es el único que lo hace, aunque muchas veces no formula preguntas sino sus propias conclusiones). Tras el paso del exdirigente de Podemos por el Senado, Aznar dio por hecho que había “mentido” en sede parlamentaria y que la formación que fundó tiene una financiación “turbia e ilegal”. 

Lo hizo a pesar de reconocer que no había datos nuevos sobre la mesa. Le bastaron las palabras de Riobóo y las que más tarde pronunció Eduardo Inda, que se basó en documentos que han despreciado distintos tribunales, entre ellos el Supremo, e incluso una orden de pago a Iglesias en un banco situado en un paraíso fiscal que desmintió la noticia y aseguró que no tiene ningún cliente con ese nombre. 

El PP agradece la labor de Inda, pese a que el periodista admite que sus investigaciones se han frustrado en la Fiscalía. El tono fue radicalmente distinto cuando le tocó el turno al director de OKDiario. El portavoz del PP comenzó agradeciéndole el “periodismo que desarrolla”: “Su testimonio se basa en años de estudio e investigación. Nos va a ser de gran utilidad. probablemente esto mueva conciencias”, le dijo Aznar dando relevancia a que se convertiría en parte de un documento del Parlamento. El propio Inda lamentó que las informaciones que ha publicado no han supuesto ninguna actuación judicial contra Podemos. 

“En todos los documentos que hemos aportado como mínimo se atisba relevancia penal. Me llama la atención la flexibilidad, lo blanda que ha sido la Fiscalía Anticorrupción”, dijo el tertuliano, que insinuó que el Ministerio Público no ha ido más allá porque Podemos ha “ayudado a dividir a la izquierda”.  

Aznar evitó defender la labor de la Fiscalía, que ha rechazado en varias ocasiones los informes en los que se basaban las informaciones de Inda: uno policial, sin sello ni autor, al que la Fiscalía reprocha que sea una “mera recopilación de informaciones no autenticadas” y una orden de pago supuestamente formulada por el Gobierno venezolano a Pablo Iglesias en un banco situado en un paraíso fiscal que ha sido desmentida por la propia entidad financiera. Después de la comparecencia de Inda, el PP mantuvo que Podemos se ha financiado ilegalmente. La formación de Iglesias ha anunciado acciones legales contra Inda por sus “falsas acusaciones”

El PP reprocha al PSOE condonaciones de deuda que también ha realizado. En la segunda sesión el objetivo de Aznar fue sembrar dudas sobre la financiación de los socialistas. Insinuó que los bancos le habían perdonado parte de su deuda –que cifró en 40 millones de euros– por la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno. “Ha sido trato de favor”, aseveró Aznar, que centró su interrogatorio al exgerente del PSOE Xoan Cornide en dos préstamos: uno contraído con KutxaBank y otro con el Santander y que fueron “renegociados” en 2006, según Cornide.

El PSOE pagó a KutxaBanc 3,5 millones de euros (895.565 euros del préstamos y unos intereses adicionales de 2,6 millones) en vez de los 10,3 millones que suponía esa deuda con los intereses de demora acordes a lo suscrito en 1988 con la entidad financiera. En el caso del Santander, pagó 3,8 millones de euros por un principal de 1,6 millones firmado en 1987. La entidad financiera justificó el acuerdo.

Aznar tachó de “mala praxis solicitar créditos cuya garantía son subvenciones futuras”. Sin embargo, el PP también se benefició históricamente de que los bancos le perdonaran el pago de parte de los intereses e incluso lo ha justificado basándose en que es “usual”. Por ejemplo, alegó ante el Tribunal de Cuentas en 1996 que la condonación de 124 millones de pesetas (unos 700.000 euros) “se trata de transacciones entre entidad financiera acreedora y acreditado en las que la primera renuncia parcialmente a sus derechos para poder hacer efectiva parte de la deuda, evitando dilatados procesos de ejecución con incierto final en muchos casos”, según recogió El País

Rapapolvo al consejero delegado de KutxaBank. El portavoz del PP también usó un duro tono contra Francisco Javier García Lurueña, a quien acusó de dar una respuesta “facilona”. Aznar no ocultó su enfado ante la negativa del responsable de la entidad financiera a aportar datos sobre las operaciones que afectan al PSOE, para lo que el PP le había citado en el Senado. 

“No quiero que suene como una excusa. Conocen muy bien que las entidades de crédito estamos legalmente obligadas como un principio a preservar el secreto bancario. Su incumplimiento no solo acarrear responsabilidades administrativas sino también penales. Me veo en la imposibilidad de poder dar datos concretos”, respondió García Lurueña que, no obstante, explicó que según la política de su empresa “cabe la posibilidad de financiar a los partidos bajo las condiciones de solvencia y capacidad de pago de organizaciones de naturaleza similar”.

Aznar cargó contra el representante de KutxaBank, a quien acusó de acogerse “al divino” en vez de colaborar con “la transparencia”: “Me hubiera gustado poder decir hoy aquí que el banco al que representa es un banco colaborador”. 

El Banco de España, a puerta cerrada para evitar revelar información reservada. Sin embargo, la actitud del PP unas horas antes había sido radicalmente distinta: los conservadores han promovido que la comparecencia del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, fuera a puerta cerrada, a pesar de que él no lo había solicitado. El PP se ha escudado en que la información por la que le iban a preguntar tenía carácter reservado –era también sobre las condonaciones al PSOE–. 

La presidenta de la comisión, la senadora conservadora María Rosa Vindel, ha echado mano de la legislación para justificar que el Banco de España no aporte en público información reservada. Sin embargo, Aznar ha reprochado al responsable de KutxaBank que no expusiera públicamente una información que, según le ha dicho Linde, van a enviar al Senado a través de la documentación de la que disponen. 

En el PSOE están convencidos de que el interés del PP en que la comparecencia de Linde fuera a puerta cerrada responde a que “no puede llegar a la conclusión de que hubo condonación de deuda”. 

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noviembre 19th, 2017 by admin77

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Una hora de conversación que resume un sistema de amaño de contratos públicos a cambio de mordidas que se mantuvo durante años en el Partido Popular. El juez José de la Mata, que investiga la caja B, ya tiene en su poder la charla entre el empresario Rafael Palencia, expresidente de Degremont, una compañía especializada en tratamiento de aguas, y el entonces gerente del Canal de Isabel II, Ildefondo de Miguel. El magistrado la ha incorporado como prueba en la causa que investiga la financiación del PP.

La grabación realizada en 2008, adelantada este martes por la Cadena Ser, fue presuntamente usada para chantajear a Mariano Rajoy. Así lo detalló Ignacio González en una conversación grabada por los agentes de la UCO durante la investigación del caso Lezo. “Rajoy fue chantajeado con un vídeo y mandó a Luis Bárcenas para taparlo”, resume el expresidente madrileño, que apunta a que De Miguel “fue bastante más listo” al conseguir esa confesión de Palencia.

En esa grabación, Palencia traza el esquema para obtener una licitación a dedo. Los empresarios realizan aportaciones periódicas para garantizarse la ayuda del partido cuando quieran optar a una obra. Esas entregas, en sobres, son a título personal, salvo cuando exceden una determinada cantidad, que deben ser camufladas con facturas de las campañas electorales.

Abonado el terreno, llega la adjudicación. Bárcenas se encarga de poner en contacto al empresario con las personas adecuadas, y este paga el 2% o el 3% del contrato, dependiendo de la administración -Palencia señala que es un método que también funciona con el PSOE-. El dinero acaba en la caja B del PP.

Este mecanismo relatado por Palencia coincide con el que Correa plasmó en la confesión que entregó a eldiario.es. En ella apuntaba a que su entrada en esa rueda de financiación ilegal se debió a que Bárcenas “necesitaba un intermediario con los empresarios de obra civil”.

El propio Correa citó a la empresa Degremont entre constructoras como OHL, Dragados y ACS, cuando su abogado le preguntó en la Audiencia Nacional por ese sistema de mordidas al partido para ganar concursos públicos.

“Yo colaboro con el partido”

El empresario Palencia, que aparece en los papeles de Bárcenas como donante de casi 150.000 euros, estaba citado este martes como imputado en la pieza separada sobre la caja B, pero se ha negado a declarar y no ha aportado nuevos datos sobre esa grabación. Su transcripción, que se alarga durante 11 páginas, contiene todos los detalles de mecánica empleada por el PP y el Gobierno de José María Aznar para llenar una caja B que servía para sufragar gastos electorales y sobresueldos a dirigentes políticos.

La frase que da inicio a la conversación entre Palencia, al frente de una empresa de tratamiento de aguas, y De Miguel, el dirigente del Canal de Isabel II, es definitoria. El empresario comenta que ese año tiene que poner “el cuentakilómetros a cero” con los contratos públicos. Necesitaba nuevas adjudicaciones, tras haber perdido algunas de las más importantes a manos de la competencia.

Es entonces cuando ambos interlocutores entran de lleno en el sistema de mordidas que sirvió para nutrir la caja B del PP, y que Correa detalló en el juicio del caso Gürtel, en el que Luis Bárcenas ejercía como nexo entre los empresarios y el partido.

De Miguel: ¿Tú colaboras con él -en referencia a Bárcenas-?

Palencia: Sí.

De Miguel: O sea… ¿con el partido?

Palencia: Yo colaboro para el partido.

De Miguel: ¿Qué haces? Por ejemplo, ¿para cada proyecto de estos les das un…?

Palencia: Yo de momento (ininteligible) voy haciendo… eh… una serie de entregas a cuenta permanentemente.

De Miguel: ¿Le entregas dinero?

Palencia: Sí, muchas veces.

De Miguel: ¿Pero le entregas dinero… con independencia de que haya adjudicaciones o no?

Palencia: Hombre… un poco relacionado con las adjudicaciones. No vamos exactamente…obra, esto…

El empresario detalla que esas aportaciones a la caja B alcanzan los 35.000 euros, cantidad que mete en un sobre y entrega Álvaro Lapuerta, entonces tesorero del PP. El objetivo de esas gratificaciones económicas, explica, es que el partido y los cargos institucionales de su órbita le “traten bien”. “Yo le ayudo al partido general para que él me ayude en general”, resume.

Ese es el anticipo por buen trato, pero cuando se concretaban los amaños había que pagar más. Bárcenas le “abría las puertas” gracias a las aportaciones periódicas, y luego él gestionaba la mordida correspondiente.

De Miguel: ¿Qué le das, un porcentaje, el 3% o algo así?

Palencia: En general sí, normalmente un 2 o un 3 %, lo que…, lo que quieran. A veces hay comunidades autónomas, tanto de este como del Partido Socialista, que van por libre.

De Miguel, al frente del Canal de Isabel II y hombre de la máxima confianza de Ignacio González insiste durante toda la conversación en conocer los detalles del procedimiento. Pregunta a Palencia a quién paga normalmente o con quién gestiona las adjudicaciones. Llega a pedirle que le ponga un ejemplo de cómo actuar si quisiera amañar un contrato con el Canal.

Palencia insiste en aclarar que sus aportaciones periódicas funcionan como salvoconducto para que Lapuerta y Bárcenas le abran paso allí donde necesita contratos.

De Miguel: “Yo colaboro con el partido, de manera… un poco simbólica, pero bueno, les viene bien. Y yo…, viene la campaña, viene tal…, viene bien que yo colabore una cantidad. Pero esas son aportaciones, digamos para que ellos me abran puertas, me digan: oye esta empresa…”

Explica que cuando entrega dinero, tienen que estar Lapuerta y Bárcenas juntos. Cuando quedaban por teléfono, Palencia pedía una cita para llevarles “los folletos”, en referencia al dinero en metálico. El empresario explica que utiliza esa expresión por teléfono como cautela ante posibles escuchas.

Irregularidades de Gallardón

Los dos interlocutores hablan sobre las oportunidades de negocio que ha perdido el empresario, que se queja de que se le ha escapado una adjudicación de un importante contrato para una planta regeneradora de aguas residuales en favor de Acciona Agua.

Palencia: “Acciona no se si pagó. Entonces ahí no se. Es Acciona Agua, yo creo que…, no sé lo que hace Acciona, pero no me gustó la gestión, no me gustó… Creo que ahí Ruiz Gallardón le pegó un “ininteligible”, pero en fin…”.

Gallardón era entonces alcalde de Madrid, y de esta institución dependía la adjudicación de ese contrato por valor de 16 millones de euros. Su nombre vuelve a salir relacionado con más irregularidades de adjudicaciones.

“Palencia opina que debió ocurrir alguna irregularidad para adjudicársela a una determinada empresa. Recrimina esa decisión a Alberto Ruiz Gallardón”, resumen los agentes de la Guardia Civil que transcribieron la conversación.

“Estamos un poquito agobiados”

Durante el resto de la conversación, De Miguel comenta al empresario la posibilidad de adjudicarle algún contrato del Canal. Palencia se sitúa al borde de la súplica: “Yo lo que quiero es ganar obras, no perder las obras, porque ya te digo que estamos…, que estamos un poquito agobiados”.

De Miguel enfría entonces sus ganas de conseguir una licitación del Canal, porque le asegura que no quiere meterse “en esos líos”. Sin embargo, aprovecha de nuevo el curso de la conversación para sacarle nuevos datos sobre el pago de mordidas.

El empresario le explica que cuando sus aportaciones son demasiado grandes, el partido opta por camuflarlas con facturas que Palencia relaciona directamente con las campañas electorales. Eso da la posibilidad de “pagar en B” cuando se trata de “porciones más grandes”.

Retoman el hilo de los contratos del Canal, a pesar de las reticencias de De Miguel, que admite la posibilidad de adjudicarle algo si Bárcenas tiene interés. Todo tiene que pasar por el extesorero del PP.

Palencia: “Pues háblalo con Luis…, si tú y yo estamos de acuerdo, yo hablo con Luis y le digo: he hablado con Ildefonso, lo que quiero es que si él tiene interés… de esta obra…, vamos a estudiar el juego”.

De Miguel: “Y que te diga”.

Continúan tratando posibles oportunidades de negocio para Degremont, una de las empresas mencionadas por Correa durante su confesión en el juicio de Gürtel. El cabecilla de la trama la citó junto a OHL, ACS y Dragados como una de las compañías a las que se ayudaba a conseguir adjudicaciones.

Sobre esas adjudicaciones continúan conversando Palencia y De Miguel, hasta que se emplazan a nuevas gestiones tras hablar con Bárcenas.

De Miguel: Bueno, pues venga, tú haz una cosa, habla con él, a ver qué te dice, y…

Palencia: Yo hablo con Luis.

De Miguel: Y volvemos a vernos, ¿te parece?

Palencia: Sí.

De Miguel: Yo a ti te llamo y nos volvemos a ver.

Palencia: Eso es.

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noviembre 19th, 2017 by admin77

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Una conversación interceptada el 19 de enero por la Guardia Civil, mantenida entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, ha dejado en evidencia la hiperactividad del político madrileño para influir en la colocación de miembros de la cúpula judicial. La grabación, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, muestra cómo González maniobra para que Jesús Alonso ocupe el puesto de fiscal jefe de la Audiencia Nacional -al que finalmente ha accedido- con la mediación de su amigo el exministro Eduardo Zaplana y los consejos del expresidente José María Aznar.

Tal y como relata el periódico, Zaplana le dice a González que tiene un mensaje para él. Entonces, González comenta que ese día ha quedado a comer con Ángel [una persona a la que no se identifica]. Zaplana le propone ir a tomar el café con ellos y comenta: “Tengo una cosa que deciros a los dos (…). Me dijo (José María) Aznar que lo hablara con Ángel para que habléis los dos, que sois amigos, con (Rafel) Catalá”.

Zaplana, que también fue presidente de la Comunidad Valenciana, insiste en la necesidad de hablar el tema con Rafael Català, ministro de Justicia: “De poner…, bueno, poner…, él ya se lo gana por escalafón y por puntos. Se va Zaragoza –en referencia Javier Zaragoza– de fiscal jefe de la Audiencia Nacional”.

“¿Y tu amigo?”, le pregunta González, en referencia al posible sustituto de Zaragoza. “Está el segundo, de teniente fiscal”, le contesta Zaplana, en referencia a Jesús Alonso, quien finalmente fue nombrado fiscal jefe, en sustitución de Zaragoza. “¿No lo iban a poner aquí?”, le pregunta González en referencia al puesto del que estaban hablando. “¡Yo creo que sí, pero para asegurar!”, responde Zaplana.

Esta conversación se produjo tres meses antes de que González fuera detenido en el marco de la Operación Lezo y enviado a prisión por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La pasada semana salió en libertad tras pagar 400.000 euros en 24 horas.

Esta no es la primera conversación interceptada en la que queda de manifiesto la preocupación de González por tener a personas afines en la cúpula de la carrera fiscal, una vez el político debía hacer frentes a varios procesos judiciales. El expresidente madrileño también movió sus hilos para que Manuel Moix fuese ascendido a fiscal jefe de Anticorrupción. Moix acabó dimitiendo meses después por tener participaciones en una sociedad en Panamá.

González también intercambió mensajes telefónicos con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando ya estaba siendo investigado por el caso del ático en Estepona. Tras felicitar a Catalá por mantenerse en el cargo tras la reelección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en las elecciones de junio de 2016, el ministro responde a González deseando que se acaben todos sus líos judiciales.

Todos los partidos del Congreso de los Diputados, salvo el Partido Popular, votaron a favor de la reprobación de Catalá, además de rerpobar y reclamar los ceses del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de Moix. La oposición pidió la dimisión del ministro desde que se hizo público un mensaje de apoyo a González en el que decía: “Ojalá se cierren pronto los líos“.

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noviembre 18th, 2017 by admin77

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El general retirado Julio Rodríguez optará a la Secretaría General de Podemos Madrid ciudad, según ha podido confirmar eldiario.es. El exJemad opta así a un puesto clave en la futura configuración de la candidatura para el Ayuntamiento de Madrid. La lista que encabezará tras un acuerdo entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ se enfrentará a la de Isabel Serra, de Anticapitalistas.

La candidatura de Rodríguez se daba por probable desde hace días pero no se ha confirmado casi hasta el último momento. Las negociaciones, multilaterales primero y bilaterales después, se han cerrado con un pacto pocas horas antes de que venciera el plazo para registras las candidaturas en la medianoche del sábado.

Tras hacerse pública la candidatura de Rodríguez al Consejo Ciudadano de Madrid, Errejón ha señalado que el acuerdo alcanzado tiene “dos objetivos”: “fortalecer la defensa del Ayuntamiento de Madrid y extender el cambio a la Comunidad”, ha expresado en Twitter.

Alcanzamos un acuerdo para renovar la dirección de la ciudad de madrid con @Julio_Rodr_. Con 2 objetivos: fortalecer la defensa del Ayuntamiento de Madrid y extender el cambio a la Comunidad.

— Íñigo Errejón (@ierrejon) 18 de noviembre de 2017

La convocatoria de las primarias de Madrid ha recordado en Podemos los fantasmas de Vistslegre 2. La pretensión de las partes desde el principio era evitar un duelo entre candidatos afines a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón cuyo eco adquiriera relevancia estatal. Pero las posiciones iniciales y las reticencias de ambas partes complicaron el acuerdo.

El anuncio de Anticapitalistas de presentar una lista propia, encabezada por una de sus dirigentes autonómicas más destacas, despejó el camino para las pretensiones de la dirección municipal saliente y de la estatal, que ven en Julio Rodríguez un buen perfil para acompañar a Manuela Carmena en 2019 y, si esta renuncia, para ser él mismo candidato.

Las reticencias del lado ‘errejonista’ venían por la poca presencia que tiene Julio Rodríguez en Madrid. Con un perfil claramente estatal, el general no está habituado al trabajo orgánico de la capital. Además, exigían un contrapeso para que los ‘pablistas’ no se quedaran con todos los resortes internos.

El acuerdo allana el camino de Íñigo Errejón a la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, acordado tras Vistslegre 2 con Iglesias. En las últimas horas se había se había filtrado que ambos pactos estaban relacionados.

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noviembre 18th, 2017 by admin77

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En uno de los numerosos corrillos con periodistas en los pasillos del Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se jactaba de haber sido el responsable de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  en 2012 que ha supuesto la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por incumplimiento de la regla de gasto. La normativa aprobada por Montoro más los intentos para frenar la remunicipalización de servicios o el reparto del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se han convertido en las herramientas más eficaces como oposición política contra los Ayuntamientos del cambio y las comunidades no gobernadas por el PP.

De poco ha servido que los ayuntamientos estén cuadrando sus cuentas y ayudando al Gobierno de España a responder ante Bruselas o como señala la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF) sean el conjunto de las administraciones autonómica y local las que gracias a sus superávits compensen la desviación del déficit del 3,1% marcado para España, un objetivo que el Gobierno pretende cumplir a todos costa para abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo, que obliga a estar bajo la tutela presupuestaria de Bruselas. 

De nada sirve que Montoro haya destacado este jueves que se ha reducido el gasto total de las administraciones públicas en más de 15.000 millones (1,5 puntos del PIB) desde 2011 y que este año España “va a crecer con toda seguridad un 3,1%. Va ser el tercer año consecutivo con crecimiento por encima del 3%”. 

Tampoco importa que el artículo 137 de la Constitución recoja que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses” o que el artículo 156 de la Carta Magna señale que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.

“Mecanismo de carácter temporal”

Tanto el FLA, que en teoría se puso en marcha como “un mecanismo de carácter temporal”,  como la regla de gasto que recoge la Ley de Estabilidad coartan la posibilidad a las Administraciones de poder destinar montantes a políticas propias pese a que tengan en negro sus cuentas. La regla de gasto limita el incremento de gasto público a una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española, incluso aunque el municipio tenga superávit presupuestario, mientras que adherirse al FLA supone la llegada de dinero a menos interés que si se tiene que buscar en el mercado, pero la administración que lo pide tiene que ofrecer información a Hacienda sobre su tesorería y el nivel de cumplimiento del presupuesto, de manera que que el Estado pueda controlar su déficit y el nivel de gasto.  

La batalla de Montoro con Madrid ha sido la más mediática y también la que más lejos ha llegado. El ministro decidió la semana pasada intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Manuela Carmena por incumplir la regla de gasto y le pide recortes en un año y dos meses por un total de 608 millones de euros. Semanalmente la alcaldesa reportará los pasos que está dando para cumplir con lo ordenado. El paso que queda, si persiste el incumplimiento, es destituir al concejal de Economía o a todo el Gobierno.

A la intervención de las cuentas de Carmena hay que sumarle varios pleitos judiciales. El TSJM ha paralizado cauterarmente un total de 577 proyectos de obra pública que el Ayuntamiento estaba financiando con su remanente de tesorería. El Gobierno llevó estas partidas a los tribunales por considerar que la corporación municipal no podía acogerse a esa disposición de la ley por incumplir la regla de gasto en 2016. Por otro lado, la alcaldesa ha anunciado recursos legales por el control de las cuentas, al considerar que la interpretación que está haciendo el Ministerio es errónea. El Ayuntamiento acusa también al departamento de Montoro de haber cambiado de criterio para calcular la norma con el objetivo de que no cumplan la ley.

El enfrentamiento con la capital se remonta casi al inicio de la llegada de Carmena a Cibeles. Desde entonces, Hacienda no ha aprobado ninguno de los planes económicos que ha presentado el Gobierno de Ahora Madrid al que ha pedido recortes por cientos de millones de euros pese a que ha devuelto un 40% de la deuda de Madrid desde su llegada (algo más de 2.000 millones) y ha cerrado dos años las cuentas con casi 1.000 millones de superávit.

El resto de los Ayuntamientos del cambio mantienen la pugna con Hacienda. Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición de ley, avalada por los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Oviedo y Ferrol, en la que se pide una reforma de la regla de gasto para que las corporaciones con cuentas saneadas puedan invertir en servicios públicos. El PSOE también ha exigido que hacienda que flexibilice la regla exigida por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque Montoro no quiere soltar unas riendas que le permiten controlar el gasto de los municipios.

“Es el Gobierno central el que genera la deuda que se está intentando pagar a costa de los ayuntamientos, a costa de limitar las inversiones en los ayuntamientos. La interpretación de la norma que hace el señor Montoro secuestra la autonomía municipal de los consistorios”, apunta el alcalde de Cádiz, José María González Kichi.

“Montoro nos impide invertir más en políticas sociales aunque hayamos hechos un buena gestión y tengamos superávit. Hay que plantarle cara al ministro de Hacienda porque es lo que nos pidieron nuestros vecinos y vecinas cuando nos votaron”, afirmó María Rozas, concejala de Economía y Hacienda de Santiago de Compostela.

Los consistorios se han ido desprendiendo del Plan de Ajuste creado en 2012 por el que se creaba un fondo para el pago a proveedores, pero obligaba a unas exigencias de control de gasto. Algunos consistorios como el de Zaragoza han conseguido cuadrar sus cuentas para desembarazarse del corsé financiero aunque la pésima situación económica de los consistorios les obliga a seguir bajo la lupa de Montoro.

“Controlar a las comunidades autónomas”

El sistema del FLA juega un papel parecido para las comunidades autónomas. La posibilidad del ministerio de bloquear el acceso a una financiación con mejores condiciones se ha convertido en fórmula para doblegar a las comunidades autónomas. El senador de Unidos Podemos, Ferran Martínez, criticó que no se haya reformado el sistema de financiación autonómica mientras que esta herramienta se utilice “para pasar en forma de deuda recursos que se deberían haber entregado por el sistema de financiación. Hacienda utiliza estos instrumentos para controlar a las comunidades autónomas”.

Montoro no tuvo dudas en amenazar con el bloqueo de esta herramienta financiera en caso de que la Generalitat de Catalunya dedicara partidas al reférendum de independencia del 1 de octubre. En otras comunidades, Hacienda ha llegado a frenar temporalmente el acceso a este mecanismo como en el caso de la Comunidad Valenciana, que exige una salida a la infrafinanciación de esta autonomía.   

Vicent Soler, conseller de Hacienda de la Generalitat valenciana, avisaba de que su administración incumple la regla de gasto por un problema de infrafinanciación y lanzaba un tono de aviso ante la amenaza “recentralizadora” del actual Gobierno de Mariano Rajoy.

En tono parecido la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, apuntó que el FLA es “una especie de chantaje” a las comunidades autónomas donde el Gobierno central “atenta contra la arquitectura constitucional al emplear este fondo como instrumento político para la recentralización de competencias hacia el Estado”.

La situación es tan insostenible que seis comunidades autónomas trasladaron a principios de año a Hacienda que el nuevo modelo de financiación autonómica contemple la condonación de las partidas del FLA, teniendo en cuenta que desde 2012 se han desembolsado unos 100.000 millones de euros.

De momento el Comité Técnico Permanente de Evaluación, donde se da el grueso de la negociación técnica del modelo de financiación, evaluará los trabajos de la comisión de expertos a la que, anteriormente, se encomendó la realización de los primeros análisis necesarios para la formulación posterior del modelo. Posteriormente, esas conclusiones se mandarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera, se elaborarán los correspondientes anteproyectos legislativos y se procederá a su tramitación parlamentaria

El frente de las remunicipalizaciones

Los programas electorales de las candidaturas de confluencia ante las municipales de 2015 incluían la recuperación de la gestión pública como una de sus propuestas bandera. El Gobierno ha intentado frenar esto procesos de remunicipalización iniciados por diversos ayuntamientos en los últimos años. El Ejecutivo incluyó la  disposición 27 del borrador de los PGE que impide a las Administraciones incorporar como empleados públicos a los trabajadores “de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos”.

Además de este precepto presupuestario, Hacienda ha recurrido ante los tribunales la devolución de servicios públicos a los municipios. Con el primer recurso contra el Ayuntamiento de Valladolid, patinaron. El juzgado de lo Contencioso número 3 desestimaba en un primer momento la petición de ministerio para la adopción de medidas cautelares que instaban a la paralización del acuerdo de pleno municipal y, posteriormente, rechazó el recurso. 

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noviembre 18th, 2017 by admin77

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Era la primera vez que el Ministerio de Hacienda se personaba en una causa de remunicipalización del agua (14 localidades han recuperado la gestión) y, hasta el momento, el departamento que gestiona Cristóbal Montoro ha perdido su segunda batalla frente al Ayuntamiento de Valladolid. El pasado mes de mayo, el juzgado de lo Contencioso número 3 desestimaba su petición de adopción de medidas cautelares que instaban a la paralización del acuerdo de Pleno, y ahora rechaza “íntegramente” su recurso, si bien no hay condena en costas y cabe nuevo recurso en el plazo de 15 días.

El Ministerio de Hacienda señalaba en primer lugar que una de las memorias presentadas por el Ayuntamiento para recuperar la gestión del agua no estaba firmada. Para el juez, es un hecho irrelevante puesto que aunque “no está materialmente firmado, sí se identifica a su autora”, y además hay otro informe posterior que sí está firmado por ella. Ello “permite entender” que la falta de firma “no tiene ninguna consecuencia jurídica con trascendencia para decidir sobre lo pretendido por la Administración demandante”.

Sobre el incumplimiento del artículo 85 de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL), la sentencia subraya que “desde el punto de vista formal, hay que señalar que consta, y así se considera, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85,2 de la LBRL” dado que existe una memoria y se ha recabado y emitido informe del Interventor General del Ayuntamiento. Precisa además que también “cumple con lo exigido en el artículo 85,2 citado debiendo tenerse en cuenta que el artículo al que se ha hecho mención persigue, ante todo, evitar decisiones irracionales y no justificadas posibilitando una decisión que, sobre un modelo teórico, ofrezca garantías de mayor sostenibilidad y eficiencia sin que ello impida la realización de los controles posteriores sobre el funcionamiento de la opción elegida y, en su caso, la adopción de las medidas correctoras que procedan para mantener los criterios de mejor eficiencia y sostenibilidad”.

Así, destaca la descripción detallada del estado del servicio en el momento en el que se asumió la remunicipalización “tanto en lo que se refiere a las instalaciones como a su funcionamiento y a la necesidad de inversiones a realizar tomando como plazo el de 15 años así como también a los medios de financiación a utilizar”. Recuerda el juez la referencia que se hace respecto al déficit de inversión acumulada en los últimos años y la necesidad de invertir 232.000.000 de euros (sin IVA)” a lo largo de los próximos 15.

El modelo elegido “no tiene ninguna incidencia negativa sobre el sistema de pago a proveedores del Ayuntamiento ni tampoco respecto al cumplimiento del plazo de pago descartándose que el Ayuntamiento asuma unos compromisos económicos de futuro en los términos que se señalan en el escrito de demanda”.

Otra de las alegaciones de Hacienda era los límites de contratación de personal. Sobre esto, la sentencia establece que el acuerdo impugnado no adopta ninguna decisión sobre contratación de personal, se considera que los límites establecidos en las Leyes de Presupuestos sobre la contratación de personal no constituyen un impedimento para hacer eficaz el acuerdo adoptado ni, por lo tanto, hacen que dicho acuerdo carezca, por imposibilidad de llevarlo a cabo, de la sostenibilidad y eficiencia exigidas por la Ley. Además, el Ayuntamiento acreditado que existe un acuerdo de la entidad pública empresarial creada sobre subrogación de trabajadores de la antigua concesionaria. En este sentido, recuerda que se  adopta la decisión en mayo de 2017, cuando no se aplican los límites de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Hay que tener en cuenta, además, que la contratación del gerente se ha tenido que llevar a cabo después del día 1 de enero de 2017 y antes del día 29 de junio del mismo año fechas en las que no existían límites derivados de la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), aseguró que el Ayuntamiento “ha hecho las cosas perfectamente” y comentó que el Ministerio de Hacienda no estaba “quedando muy bien” al recurrir una decisión que afecta a la gestión del Ayuntamiento. “El Ministerio está más a que los ayuntamientos externalicen sus servicios y se apoyen en empresas privadas”. La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez (Valladolid Toma La Palabra), celebró la “buena noticia” y destacó que el juzgado había fallado que “el Ayuntamiento procedió como debía proceder”. Esta desestimación se suma a la del Tribunal Superior de Justicia que se conoció la semana pasada, y que desestimó la demanda de la hasta hace poco concesionaria, que solicitaba la paralización de la gestión pública del agua

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