Category: Política

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julio 24th, 2017 by admin77

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Agentes de la Guardia Civil han acudido este jueves, por orden del juez, al Parlament de Catalunya, la conselleria de Justicia y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat para requerir información sobre el 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). También se han dirigido al Palau de la Generalitat, donde el conseller de Presidència, Jordi Turull, les ha negado la entrada pero les facilitará la documentación solicitada.

En concreto, han informado fuentes cercanas al caso, se han requerido agendas, libros de visitas y correos electrónicos del exconseller y exsecretario del Govern y actual diputado no adscrito, Germà Gordó, y en el CTTI se ha realizado un vaciado y copia de archivos y correos de la conselleria de Justicia (la que ocupó Gordó).

Las solicitudes de información las ha ordenado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Carlos Ramos, en el marco de una pieza separada del 3% que instruye sobre Germà Gordó que está declarada secreta. Ramos ha citado a declarar como imputado el próximo lunes a Gordó, mano derecha de Artur Mas en la Generalitat y en el partido y que según la Fiscalía Anticorrupción era el “conseguidor” del 3%.

De la conselleria de Justicia los agentes solo se han llevado una copia de los actos públicos y protocolarios de los años en que Gordó fue conseller (2012–2016). Según han precisado fuentes de Justicia, no se ha entregado el registro de visitas de la etapa de Gordó ni su agenda, como requería el TSJC. El motivo es que esos archivos no constan en la conselleria. El registro de visitas se empezó a elaborar con la llegada de Carles Mundó (ERC) a la conselleria.

En el marco de los requerimientos, cinco agentes de paisano de la Guardia Civil también han acudido al Palau de la Generalitat pero, según fuentes gubernamentales, “no se les ha permitido entrar por orden del conseller de Presidència”, Jordi Turull.

Con todo, las mismas fuentes han indicado que la Generalitat facilitará la información solicitada por el magistrado Carlos Ramos y los agentes: el libro de visitas y la relación de apoyo administrativo que Gordó tenía en su etapa de secretario del Govern

En el caso del Parlament, una decena de agentes, acompañados por uno de los dos fiscales del 3%, José Grinda, han acudido sobre las 11.00 horas al departamento de infraestructuras y seguridad y han pedido acceder al correo electrónico corporativo de Gordó. Se han ido del Parlament minutos después de las 12 del mediodía. Asimismo, según fuentes parlamentarias, se han dirigido al despacho de Gordó, actualmente diputado no adscrito, pero finalmente no han entrado en el mismo.

Después del Parlament, Grinda se ha dirigido al Palau de la Generalitat, donde ha entrado sobre las 12:30 horas y ha salido una hora después, sin evitar las cámaras antes de subirse a un coche.

Objetivo: la agenda perdida de Gordó

Uno de los objetivos de los requerimientos a las distintas sedes institucionales catalanas es reconstruir la agenda de Gordó cuando fue secretario del Govern entre 2010 y 2012. Y es que, pese a las peticiones reiteradas del juez de El Vendrell que llevaba el caso y solicitó al TSJC que imputara a Gordó, la secretaría del Govern contestó al juzgado que la agenda se ha perdido.

“No ha sido posible recabar la información de dicha agenda que conste en formato electrónico, al desconocerse cuál era el buzón de correo en el que era llevada y al haberse eliminado el buzón del servidor departamental debido a una migración de datos”, respondió la Generalitat a la petición del juzgado.

La agenda de Gordó y los libros de visitas de la conselleria y la secretaría del Govern podrían contrastar las declaraciones de varios empresarios investigados, que  admitieron que utilizaban en sus comunicaciones nombres claves como “Gerardo” o “Gregorio” para referirse a Gordó. “¿Me llamaban Gregorio? No lo sé. Yo acostumbro a firmar como Germà Gordó, Gordó o Germà Gordó i Aubarell”, dijo Gordó en el Parlament.

Gordó: “Sin comentarios. Cielo despejado”

Gordó no ha dado explicaciones públicas ante la prensa pero ha escrito un enigmático mensaje en la red social Twitter. “Sin comentarios. Cielo despejado”, ha indicado, acompañando el tuit con una foto completamente de color azul.

Sense comentaris. Cel serè @nv_convergencia @2020 @PD_JX @tempsdecireres pic.twitter.com/xAf5yJJrHH

— Germà Gordó (@germa_gordo) 20 de juliol de 2017

Gordó, imputado y citado el lunes

El periodo sobre el que se investiga a Gordó va de los años 2011 a 2013, cuando fue secretario del Govern y conseller de Justicia, además de miembro del consejo de administración de la empresa adjudicataria de obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat. Gordó ha sido citado ante el TSJC para declarar como imputado el próximo lunes.

Según el auto que acordó investigarle, Gordó habría “terciado directamente o indirectamente” ante las autoridades responsables de adjudicar las obras y, a cambio, los empresarios habrían donado dinero a CatDem y Fòrum Barcelona, las fundaciones de CDC.

Gordó mantiene su escaño en el Parlament como diputado no adscrito, que le da derecho al aforamiento y a ser investigado por el TSJC en vez de un juzgado ordinario. Su imputación provocó una tormenta política, que terminó con el PDECat forzando su marcha del partido y del grupo de JxSí.

Cinco contratos tienen a a Gordó bajo sospecha. Por ejemplo, el refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona, adjudicado en 2012 por 39,6 millones a una UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benitó Arnó, y el mantenimiento de los colegios del Consorcio de Educación de Barcelona, que ganó Copisa por 4,7 millones. Según el auto, Gordó “negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones” con el entonces consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler y a cambio la constructora dio 100.000 euros a las fundaciones de CDC.

En el caso de la constructora Pasquina, la donación fue de “al menos” 147.000 euros a cambio de un contrato de 2,1 millones en obras de mejora de la carretera C-55 y otro de 7,2 millones de trabajos de mejora de las carreteras de alrededor de Berga. Según el juez, Gordó también negoció importes, donaciones y fechas de entrega de los importes con el administrador único de la constructora, Félix Pasquina.

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julio 23rd, 2017 by admin77

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Las propuestas de reforma y derogación de la actual Ley Mordaza podrían quedar reducidas a una tras el acuerdo alcanzado este jueves entre Pedro Sánchez y el lehendakari, Íñigo Urkullu. Durante el encuentro, en el que también participó el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, las dos formaciones se comprometieron en buscar un acuerdo que les permita unir fuerzas en el impulso a la ofensiva parlamentaria con la que quieren convertir la actual Ley Mordaza en papel mojado.

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julio 23rd, 2017 by admin77

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El curso político que empezará el próximo mes de septiembre estará marcado por el referéndum de autodeterminación de Catalunya anunciado, aunque no formalmente convocado, para el 1 de octubre. Una consulta que Xavier Domènech (Sabadell, 1974) dice no saber si se llegará a celebrar pero que, en cualquier caso, ve más cerca de una “movilización” a favor del derecho a decidir que de un plebiscito de efectos inmediatos. Una posición que comparten de forma mayoritaria en el espacio cuya construcción lidera, Catalunya en Comú (CatComú), que defiende también su principal referente, Ada Colau, y sus aliados en el Congreso, con Podemos e IU a la cabeza.

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julio 23rd, 2017 by admin77

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David Llorente (Barcelona, 1977) es historiador y doctor en Ciencias Políticas. Es también militante en Anticapitalistas y portavoz del grupo parlamentario de Podemos en Castilla-La Mancha desde 2015. Frente a la posición de su secretario general y compañero de grupo parlamentario, José García Molina, Llorente rechaza que la formación entre en el Ejecutivo regional liderado por Emiliano García-Page y ha impulsado las campañas 2preguntas.net, #ConEstePSOENO y #PodemosSerAlternativa. Rechaza igualmente la pregunta “integral” que los inscritos castellano-manchegos pueden votar estos días, al considerarla “esperpéntica”.

Empecemos desde el principio, cuando Podemos rechaza los presupuestos del Gobierno de García-Page el pasado 7 de abril. En aquel momento usted criticó que la decisión se adoptara totalmente de improviso y sin consultarlo… 

Efectivamente fue lo que denuncié en ese momento y es lo que creo que no se debería volver a repetir. Cuestioné los procedimientos, porque en esa ocasión ni siquiera se consultó al Consejo Ciudadano que es el órgano de dirección elegido por la militancia de Castilla-La Mancha y a mí se me informó de la decisión apenas una hora antes, como dije entonces. Esto me parece una enorme falta de respeto a un compañero del grupo parlamentario.

¿Por qué es tan importante que pase por el Consejo Ciudadano? José García Molina ha señalado que “ningún documento dice nada en cuanto a consultas obligatorias” sobre los presupuestos.

Está en las competencias del Consejo tomar las decisiones políticas estratégicas de Podemos como dirección que es del partido en la región. En la actual coyuntura política, la aprobación de los presupuestos regionales y la elaboración de una estrategia política ante un posible adelanto electoral es, desde luego, competencia del Consejo. Es un órgano que ha sido elegido recientemente en mayo y que se ha renovado hace poco. Lo que pasa es que no sólo se debe tener en cuenta al Consejo, sino que hay que convocarlo cuando es necesario y hace varias semanas, una parte de los consejeros y consejeras habían solicitado la convocatoria de una reunión. Más de un 25% de miembros lo pidieron. Lo hicieron antes de la reunión de Molina con Page con el objetivo de tratar el tema de los presupuestos y elaborar una estrategia de cara a esta negociación.

¿Sabe si se había convocado una reunión del Consejo para esto?

Hubo una reunión constituyente en la que quise participar. Fui a Mota del Cuervo (Cuenca) y el secretario general me impidió participar. Ni siquiera pude entrar como observador u oyente, después de reprocharme falsamente que no participaba en ello. Había también una ordinaria para septiembre y, luego, la extraordinaria tras la reunión con Page. Antes de esta convocatoria se había presentado una propuesta de documento marco de negociación de cara a la tramitación de presupuestos no vinculada a la entrada a Gobierno pero no se tomó en cuenta ni se votó, aunque la firmaron 11 consejeros y consejeras. En la reunión también se planteó la propuesta de presentar dos preguntas a los inscritos, y tampoco se tuvo en cuenta o se votó.

¿Tenía constancia de que Emiliano García-Page y José García Molina se iban a reunir?

No. No se informó ni al Consejo ni al grupo parlamentario. Se informó posteriormente.

¿Se entera entonces cuando llega la convocatoria de prensa de la Junta?

Nos enteramos por la prensa el Consejo Ciudadano, el grupo y también toda la militancia.

¿Pero le constan negociaciones previas antes de esta reunión?

Molina había dicho públicamente que iba a pedir garantías. Y después hemos comprobado que las garantías se traducían en cargos en el gobierno. El secretario general había especulado en diversas ocasiones con la posibilidad de entrar en el Gobierno de Page.

¿Considera que son suficientes las razones que García Molina expone para entrar en el gobierno, como que es una de las maneras de garantizar que se cumplan las políticas de Podemos?

En absoluto. Creo que entrar en minoría en el Gobierno de Page, de este PSOE, no garantiza el cumplimiento de ninguna medida, lo que garantiza es la desaparición de Podemos como alternativa política. No tendríamos ninguna credibilidad como alternativa. No hemos venido a ser muleta del PSOE y para perfilarnos como alternativa, tenemos que ser oposición, una exigente y propositiva tanto en las instituciones, como desde las calles. Tenemos que estar con los movimientos sociales, construyendo esta alternativa y fiscalizando al Gobierno desde la oposición. Si entrásemos a gobernar, cuando hubiese movilizaciones frente a las políticas… ¿Dónde estaríamos? ¿Con qué credibilidad?

Yo voy a estar siempre con las reivindicaciones de los movimientos sociales y de las organizaciones populares y sindicatos porque se trata de cambiar las políticas y estar con las reivindicaciones de la mayoría social. Organizaciones como el STE ya han dicho que si gobernásemos seríamos partícipes de las ratios ilegales en las aulas. Cuando se convoquen movilizaciones yo estaré ahí, con ellos.

Cuando se convoque la comisión del incendio de Seseña, ¿qué papel tendríamos? Si queremos tener alguna credibilidad, no podemos ser participes de sus políticas y tenemos que ejercer una oposición exigente, que es para lo que la gente nos ha votado.

¿Qué opina de la redistribución de los presupuestos, en los que se han asumido medidas reclamadas por Podemos en el primer proyecto?

En el nuevo proyecto de ley hay algunos avances y se han incorporado algunas de las enmiendas que anteriormente se habían rechazado. Pero tampoco hay cambios tan importantes. El principal es que ahora se han ofrecido dos sillones en el gobierno de Page, esto es lo fundamental. Lo que no tiene credibilidad es haber amagado con una enmienda a la totalidad ante unos presupuestos muy parecidos.

Lo que también denunció que no se consultó.

No, ni con nosotros en el grupo ni con el consejo. Se amenaza primero con esta posibilidad y ahora, aprobar los presupuestos parece algo irrenunciable y que debe ir vinculado a la entrada del gobierno necesariamente. Yo creo que la mayoría de la gente de Podemos estaríamos de acuerdo con apoyar unos presupuestos que supongan avances, pero no entendemos que esto tenga por qué ir necesariamente vinculado a entrar a gobernar.

Volvamos al momento en que se convoca el Consejo extraordinario y se decide seguir adelante con la consulta. ¿Se le comunicó cómo iba a ser la pregunta? ¿Se lo explicó García Molina?

En ningún momento ha contado con el grupo parlamentario. En esa reunión se formuló a los consejeros una pregunta para ver si estaban de acuerdo en consultar a inscritos e inscritas la propuesta del Gobierno regional, asumiendo que esa propuesta vinculaba la entrada al Gobierno a la aprobación de los presupuestos.

Nueve consejeros se abstuvieron porque, en primer lugar, no se conocía qué se iba a preguntar a los inscritos e inscritas pero se entendía que se vinculaban las dos cuestiones. En segundo lugar, porque es evidente que había que consultarlo, por una cuestión reglamentaria y, en tercer lugar, porque no estaban de acuerdo con no formular dos preguntas diferenciadas.

No se había tomado en cuenta la propuesta de dos preguntas ni tampoco el acuerdo marco de negociación. Un órgano en el que sólo se pueden votar las propuestas del secretario general, no es uno que funcione democráticamente y tampoco es propio de una organización como Podemos.

¿Qué opina de la pregunta?

En el Consejo se comunicó, me han explicado, que la formulación de la pregunta era potestad del secretario general. Esto lo dijo la secretaria de Organización (María Díaz). Entonces yo la conozco a través de la prensa y el Consejo también. Es una pregunta esperpéntica. Ha provocado burlas realmente en toda España y muchas veces el humor y la sátira son una manera subversiva de decir la verdad. Y la verdad es que esta pregunta está formulada con la pretensión de dictar la respuesta que interesa a quien la ha formulado.

¿Eso qué significa?

Significa que se ha evitado formular dos preguntas diferenciadas, cuando era lo más lógico y democrático al haber dos cuestiones distintas en juego. De esta manera, se ha privado a los inscritos e inscritas de tener la oportunidad de poder elegir una opción relevante, como aprobar unos presupuestos con avances sin entrar a gobernar con Page, y no se ha dado la oportunidad a las bases de votar esta opción. No es una consulta con garantías y que permita ejercer el derecho a decidir sobre todas las opciones relevantes. Cientos de militantes firmamos una petición para que se hicieran dos preguntas y no se ha tomado en consideración. Ante esta pregunta y propuesta-trampa, la militancia tiene la oportunidad de manifestar su indignación y su rechazo, no sólo a Page sino también a una pregunta que es un verdadero insulto a la dignidad y la inteligencia de nuestras bases.

¿Por qué habla de propuesta-trampa de Page?

Porque vincula la aprobación de unos presupuestos a entrar a Gobierno. Se presenta como alternativa a una crisis presupuestaria, pero lo que busca es convertir a Podemos Castilla-La Mancha en una fuerza subordinada al PSOE de Page, en una verdadera muleta. Y nosotros no nacimos para eso, sino para ser alternativa de cambio a PP y  PSOE.

Pablo Iglesias y Carolina Bescansa, entre otros, han apoyado esta opción desde el primer momento y han defendido que gobernar hace posible sacar adelante las políticas del partido. 

Desde el principio, Pablo Iglesias y todos los que entramos en Podemos dijimos que no veníamos a tener un papel testimonial en la política española, sino a ganar para impulsar un verdadero cambio a favor de la mayoría social. Claro que podemos llegar a acuerdos puntuales con el PSOE: de investidura, de presupuestos o sobre medidas concretas. Pero si queremos realmente ser una alternativa y seguir aspirando a ganar no podemos convertirnos en una fuerza subalterna del PSOE y no debemos entrar en minoría en sus gobiernos.

En el caso de que gane el sí en la consulta, ¿se plantearía dejar el escaño?

Desde el primer momento he dicho que acataría la decisión de las bases y, de hecho, cuando presenté mi candidatura a la secretaría general lo que propuse fue, precisamente, que la aprobación o rechazo de los presupuestos debía someterse a consulta. Cabría preguntarse si después de haber llevado a la región y al partido a una situación límite, García Molina asumirá también las consecuencias políticas del resultado de la consulta tras hacer esta apuesta personal y negar a las bases la posibilidad de aprobar los presupuestos sin gobernar.

A la hora de aprobar los presupuestos, entonces, ¿acatará lo que diga la militancia?

La Asamblea Ciudadana es soberana a la hora de tomar las decisiones estratégicas más importantes de Castilla-La Mancha.

García Molina ha afirmado, tras unas declaraciones de Teresa Rodríguez, que su corriente, la anticapitalista, es más bien residual dentro de Podemos.

Me parece que no se corresponde con la realidad. La dirección política de Podemos en Andalucía es la dirección autonómica con mayor apoyo de las bases en todo el Estado, un 75% en el último proceso de asamblea ciudadana. Y tenemos en Cádiz la única alcaldía de Podemos que, además, no solo gobierna con independencia del PSOE, sino a pesar de sus constantes zancadillas. Yo a eso no lo llamo marginalidad, lo llamo hegemonía.

En Podemos Castilla-La Mancha parece haber un desacuerdo constante entre usted y García Molina. ¿Hay manera de solucionar esto?

En una organización plural y democrática como Podemos es natural que las decisiones importantes generen controversia y distintos puntos de vista. Es habitual que los debates se hagan en abierto y es algo que no es frecuente en otras organizaciones políticas, pero no debería ser tan extraordinario. Tenemos diferentes puntos de vista sobre el modelo de partido y de cómo resolver esta coyuntura. García Molina ha optado por restringir la capacidad de decisión del Consejo y formular una pregunta que no permite realmente ejercer el derecho a elegir sobre todas las opciones relevantes.

¿Es creíble todo lo que ha pasado desde el rechazo de los presupuestos hasta esta reunión sorpresa, tanto por parte de José García Molina como por parte de Emiliano García-Page?

Creo que no es creíble para nadie que desde el Gobierno de Page se calificase a Podemeos en primer lugar de traidores y ahora se les ofrezca puestos de Gobierno. Tampoco es creíble que García Molina calificase al Gobierno de mafioso y ahora pretenda a toda costa formar parte en él. Estos continuos bandazos lo que hacen es socavar la credibilidad de nuestra organización política.

En el caso de que Podemos entrase finalmente al Ejecutivo, ¿cómo se deberían elegir los dos puestos propuestos por Page?

Yo espero que no se dé el escenario, pero en el caso de que pase, debería ser el Consejo Ciudadano quien lo decidiese. En cualquier caso, yo no aceptaré personalmente formar parte del gobierno de García-Page.

¿Cree que estos cargos ya se han repartido?

Lo cierto es que a esa reunión acudieron dos personas, el secretario general y la secretaria de Organización, sin consultarlo, y fueron diciendo que pedirían garantías. Luego se anunció en rueda de prensa que en el gobierno habría dos puestos con dos perfiles muy específicos, pero no han aclarado cuál sería el procedimiento para elegir a esas dos personas.

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julio 23rd, 2017 by admin77

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El Consejo Ciudadano Autonómico de Castilla-La Mancha decidió en su reunión extraordinaria de este pasado miércoles seguir adelante con el proceso que determinará finalmente si Podemos entra o no en el Gobierno de Emiliano García-Page y se aprueban los nuevos presupuestos de este 2017. Sin embargo, sólo se hará una pregunta “integral”: “¿Crees que Podemos Castilla-La Mancha debería votar sí a los Presupuestos si con un acuerdo de gobierno se garantiza la puesta en marcha y el control de políticas propias como la Renta Garantizada o el Plan de Garantías Ciudadanas?”. Unas 300 personas habían pedido dos en la iniciativa dospreguntas.net, puesta en marcha por David Llorente, el otro diputado del partido en las Cortes regionales. Por su parte, el PSOE ya ha anunciado que sólo hará “un debate” en las agrupaciones locales y no una consulta vinculante.

“Fue un debate enriquecedor, en el que se pusieron encima de la mesa los riesgos y las oportunidades de la eventual entrada en el Gobierno y también de los presupuestos”, afirmó el secretario general del partido, José García Molina. El dirigente también recordó que se han incluido “mejoras” en las cuentas que “parecían imposibles” hace unos meses. De las 35 personas que votaron, 26 lo hicieron a favor de continuar con el proceso y otras nueve se abstuvieron.

“Damos un paso más en el proceso y el órgano ratifica así que sean los inscritos de Podemos Castilla-La Mancha los que tengan la última palabra, que es a lo que siempre nos hemos comprometido”, aseguró. Molina ha señalado que podrán votar alrededor de 10.000 personas, el mismo espectro activo con el que contaba en las últimas primarias. En este último proceso electoral votaron poco más de 3.000 personas. 

Cuatro días de consulta

La secretaría de Organización estatal del partido ha permitido que el proceso se inicie este mismo viernes 20 de julio y se extenderá desde las 10 de la mañana hasta las 22:00 horas del lunes 24 de julio. “Entendemos que hay días suficientes para que los inscritos de Podemos Castilla-La Mancha puedan participar”, señaló Molina. Los resultados se harán públicos, previsiblemente, el mismo martes por la mañana. “Lo que hemos consultado y debatido en los órganos es que se pregunte de manea integral para tener garantías y que lo que se llegue a acordar se cumpla”, defendió.

Molina también ha defendido que, en el caso de que el acuerdo salga adelante y que “nada lo impida”, Podemos no cambiará su línea de trabajo. “Aunque nos incorporemos en el gobierno, somos dos partidos políticos distintos, con ideas distintas que podemos llegar a compartir y negociar. No renunciaremos al ADN y al espíritu de Podemos”, afirmó. Entre otras cosas, señaló que se mantendrán los límites salariales.

García Molina, finalmente, ha recalcado que lo importante es que queden reflejadas “las garantías” en el acuerdo con el PSOE. “Es lo que más insistimos. Uno puede aprobar un presupuesto o, incluso, una ley o iniciativas parlamentarias que luego finalmente quedan en manos del ejecutivo”, destacó. De este modo, señala que entrar en Gobierno es la “única forma que hemos entendido” para poder gestionar las políticas que Podemos quiere introducir.

En el caso de una negativa por parte de los inscritos, tendrán que canalizar como “desfacer el entuerto y buscar otras alternativas”. Por otro lado, no ha querido señalar quienes entrarían finalmente en el Gobierno, ya que “no es cuestión de nombres” sino de que sean personas “competentes y conocedores de las políticas de Podemos”. De todos modos, en el caso de que Molina sea uno de los que entre en Gobierno abandonaría su escaño como diputado regional, debido tanto al reglamento del partido como de la cámara.

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julio 22nd, 2017 by admin77

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En 2015, según datos de Red Eléctrica Española (REE), Castilla y León era la Comunidad con mayor potencia eólica en España, 5.560,01 megavatios instalados, el 24,2% del total nacional repartido en 241 parques. En ese mismo año, una inspección de la Agencia Tributaria a algunas mercantiles por el pago del impuesto de sociedades destapaba la Trama Eólica. El sistema para autorizar parques implicaba a altos cargos de la Junta de Castilla y León, a las eléctricas y a una serie de empresarios locales.

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julio 22nd, 2017 by admin77

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José García Molina (Barcelona, 1969), es el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y el primer dirigente del partido de Pablo Iglesias que está en disposición de acceder a un gobierno autonómico. El pacto con el presidente regional, Carlos García Page, está siendo votado por las bases de Podemos, y establece un acuerdo para aprobar los presupuestos y entrar en el Ejecutivo con una vicepresidencia y una nueva consejería de garantías ciudadanas. El principio de acuerdo ha sido recibido con reticencias por parte de la organización –fundamentalmente Anticapitalistas–, pero García Molina lo defiende: “Nos permitirá hacer aquello para lo que nacimos: gobernar”.

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julio 22nd, 2017 by admin77

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El Gobierno lleva sin informar sobre la concesión y denegación de indultos en el Congreso desde 2015. Esto supone el incumplimiento de la Ley de indultos que obliga a un representante del ministerio de Justicia a trasladarse cada seis meses a la Cámara Baja para explicar las razones para conceder o denegar el perdón a los convictos y entregar un informe sobre este asunto.

En la Ley del Indulto, que es todavía de 1870, se añadió una disposición adicional en 2015 que marca: “El Gobierno remitirá semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de indultos. Para la presentación de los datos contenidos en el citado informe, y previa revisión del mismo, un alto cargo del Ministerio de Justicia solicitará su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados”.

Fuentes del ministerio de Justicia aseguran que no se ha informado porque “las cámaras estaban disueltas tras las Elecciones Generales celebradas el 20 de diciembre” de 2015. Aunque “las Cámaras se constituyen el 13 de enero de 2016”, según el ministerio, “el Gobierno está en funciones, periodo durante el cual, según informe de la Abogacía del Estado ‘el Gobierno limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos'”

Sin embargo, la Ley del Gobierno especifica en su artículo 1.2 que el Ejecutivo lo componen el presidente, el vicepresidente y los ministros, de manera que en el periodo en el que estuvo en funciones solo estos cargos estaban limitados al despacho diario de los asuntos públicos. De acuerdo con la Ley de indultos, un alto cargo del ministerio, como la subsecretaria de Justicia, podría ir al Congreso a informar sobre los indultos. Según el ministerio, “no dejan de ser acuerdos o decisiones tomadas por un Gobierno en funciones, por eso no se informó”.     

“El 29 de octubre de 2016 se produce la investidura del presidente de Gobierno tomando posesión el Gobierno el 4 de noviembre. Dado que el siguiente semestre natural comienza en enero de 2017, se inicia en esa fecha el cómputo del plazo previsto en la ley para la presentación del primer informe. Se agota dicho plazo hasta el 30 de junio. Es entonces cuando ya se puede elaborar el informe relativo al primer semestre”, explican en Justicia. 

Esta explicación del ministerio no justifica que en enero o febrero de 2017 no se haya presentado el informe correspondiente a 2016. Fuentes del ministerio señalaron que “se decidió trasladar toda información sobre los indultos al primer semestre de 2017 para poder hacer una comparativa con los que se habían concedido antes”.   

De esta manera, el ministerio que dirige Rafael Catalá ha incumplido varias veces la normativa ya que no ha remitido los dos informes correspondientes al año 2016 y todavía no había dado información de los perdones concedidos en el primer semestre de 2017.

Los diputados de En Comú Podem registraron hace un mes una petición de comparecencia en el Congreso de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín, para que explicara la política de indultos del Gobierno. Fuentes del ministerio argumentan que “el 7 de julio se solicita fecha para la comparecencia en la próxima Comisión de Justicia por parte de la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, concediéndosele para este jueves, 20 de julio”.

Con anterioridad el senador de En Comú Podem, Joan Morera, llegó a pedir el amparo de la Mesa del Senado después de que el Gobierno se negara a dar información sobre los indultos. “Es sumamente preocupante la falta de transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy, capaz de negar incluso información sobre los indultos que, al margen de las decisiones judiciales, se están concediendo”, señaló Morera.

Aunque los parlamentarios de En Comú Podem solicitaron que fuera a dar las explicaciones la secretaria de Estado de Justicia, el ministerio ha decidido que sea la subsecretaria de Justicia la que asista a la comisión de Justicia de este jueves para informar de los indultos de 2016 y los de los primeros seis meses de 2017.

La reforma de la Ley de Indultos se encuentra ahora trabada en la Comisión de Justicia tras la inclusión de una proposición de Ley del PSOE hace seis meses con la idea de prohibir la conmutación de penas a condenados por delitos de corrupción y violencia de género. Los grupos parlamentarios ha presentado enmiendas para que se denegue también el perdón a condenas por terrorismo, pederastia o trata de personas, lo que está retrasando su aprobación.

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julio 22nd, 2017 by admin77

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“No se ha concedido ningún indulto por corrupción política”. La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, insistió este jueves que el Gobierno no ha concedido ningún indulto a condenados por delitos de corrupción, violencia de género, seguridad vial ni contra la Hacienda Pública en 2016 y el primer semestre de 2017 durante la comparecencia para explicar en el Congreso la política de conmutación de penas del Gobierno.

Sin embargo, de las 20 medidas de gracia —de 1.943 peticiones— que concedió el ministerio de Justicia bajo la dirección de Rafael Catalá en 2017, seis están consideradas por el Consejo General del Poder Judicial como corrupción. 

Ante las críticas del diputado de En Comú Podem Jaume Moya, Roldán tuvo que defender que no consideran un delito de corrupción la prevariación administrativa que cometieron seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota, gobernada por el PP, cuya pena fue conmutadas este año.  Sin embargo, el informe que presentó la subsecretaria en el Congreso admite la diferencia de criterio “del Consejo General del Poder Judicial, que no distingue entre corrupción propiamente política y corrupción administrativa en términos generales”.

De hecho, el ministerio incluye estos perdones dentro de la categoría de “Delitos contra la Administración Pública y de Justicia”, pero hace una distinción entre corrupción política y el resto, donde incluye lo delitos sin enriquecimiento personal. 

El Gobierno llevaba sin informar sobre la concesión y denegación de indultos en el Congreso desde 2015. Esto supone el incumplimiento de la Ley de indultos que obliga a un representante del ministerio de Justicia a trasladarse cada seis meses a la Cámara Baja para explicar las razones para conceder o denegar el perdón a los convictos y entregar un informe sobre este asunto. Solo Ciudadanos y Unidos Podemos criticaron el retraso en la presentación de la información por parte del ministerio de Justicia. 

Según los datos de El Indultómetro, el Gobierno de Mariano Rajoy concedió 11 indultos por delitos de corrupción entre 2011 y 2016. Esta cifra incluye los delitos clasificados como corrupción por el Consejo General del Poder Judicial. Si incluimos los 6 funcionarios indultados del Ayuntamiento de Rota, el número de indultados por corrupción por Mariano Rajoy se ampliaría hasta los 17.

Los diputados de la oposición ha resaltado la necesidad de estudiar caso por caso las medidas de gracia que aplique el Gobierno ante la fuerte caída de conmutación de penas que se ha dado en los últimos años. La subsecretaria de Justicia ha subrayado que el Gobierno ha sido “extremadamente cauteloso” a la hora de conceder indultos.

Roldán señaló que el Ejecutivo sigue una política de “carácter excepcional” a la hora de la concesión de indultos. “Se trata de una acto político, que supone una interferencia en otro poder del Estado, la injerencia pretende que sea lo más estricta y rigurosa posible, en consonancia con la realidad social del momento, que es cambiante”, resaltó el cargo del ministerio de Justicia.

De hecho, la subsecretaria ha especificado que si en 2012 se concedían una media de 400 indultos anuales se ha bajado progresivamente hasta los 27 en 2016 y los 20 que se contabilizaron en el primer semestre de 2017.

La “alarma social” que genera el perdón de las condenas ha conducido al departamento de Rafael Catalá  a reducir a un 1% la admisión de las solicitudes de indulto que se resolvieron en 2015 frente al 11,26% que se concedió en 2007, lo que consideró como “una buena noticia”.

Otra de las críticas han llegado desde el diputado de En Comú Podem que recriminó que en un Estado laico haya “un enorme porcentaje de indultos a instancias de cofradías” de Semana Santa. La subsecretaria rechazó que las cofradías tengan algún privilegio.

La reforma de la Ley de Indultos se encuentra ahora trabada en la Comisión de Justicia tras la inclusión de una proposición de Ley del PSOE hace seis meses con la idea de prohibir la conmutación de penas a condenados por delitos de corrupción y violencia de género. Los grupos parlamentarios ha presentado enmiendas para que se denegue también el perdón a condenas por terrorismo, pederastia o trata de personas, lo que está retrasando su aprobación.

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julio 21st, 2017 by admin77

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El Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido 873 indultos desde 2011 de los que el 54% contaba con un informe contrario de la Fiscalía, de la sala del tribunal o de ambas instancias judiciales. Es el periodo con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia en el que más conmutaciones de pena se aplican y cuando hay un mayor desfase entre las concesiones y los informes contrarios al perdón por parte de jueces y fiscales.

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