Category: Política

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septiembre 21st, 2017 by admin77

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12 de enero de 2016. Quedan apenas 24 horas para que se constituyan las Cortes y varios medios de comunicación abren sus portadas con un informe policial sobre la presunta financiación irregular de Podemos. El juego de las alianzas para formar Gobierno está en una fase incipiente y se producen los primeros acercamientos públicos entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesias. En los días y semanas siguientes, el supuesto informe de la “inteligencia” policial será desgranado por varios medios de comunicación. La vicepresidenta en funciones utiliza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para exigir a Podemos que colabore en una investigación judicial en esa fecha inexistente.

Ninguna unidad policial estampa su sello en el documento y ningún funcionario policial adjunta su número de identificación o su firma. Su título –P.I.S.A., Pablo Iglesias Sociedad Anónima– en nada se asemeja a un informe de la Policía, pero el Ministerio del Interior admite su existencia y atribuye la autoría a la “inteligencia” policial que se ubica en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.

La denominación –”informe de inteligencia” policial, no del CNI- y su formato, que garantiza el anonimato del autor, recuerdan a los documentos que algunos medios de comunicación han publicado esta legislatura coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista en Cataluña. En ellos se apuntaban indicios de graves delitos cometidos por políticos independentistas que quedaban en las portadas, sin que llegaran finalmente al juzgado.

eldiario.es publicó el 30 de noviembre de 2014 que una unidad secreta de la Policía se dedicaba a rastrear políticos catalanes. Ese grupo policial se alojaba en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. Cuando CiU preguntó en el Congreso a Jorge Fernández Díaz sobre la citada información, el ministro del Interior envió a los diputados de la coalición catalana al “psiquiatra”.

Al incluir supuestos indicios de delito, el informe sobre Podemos debería acabar en la Fiscalía o en un juzgado. elconfidencial.com, uno de los medios que ha informado sobre su contenido, muestra el 15 de enero un documento de salida de la DAO con destino a la Comisaría General de Policía Judicial, de la que depende la UDEF. Esta unidad se va a encargar de elaborar un informe a partir de la información recibida y lo va a enviar a la Fiscalía Anticorrupción.

Pasan las semanas y el informe no llega a Anticorrupción. La sombra sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos por parte de Irán es utilizada desde ámbitos políticos y mediáticos para argumentar en contra de cualquier pacto de gobierno con la formación morada.

eldiario.es consulta fuentes cualificadas de la UDEF, que atribuyen el retraso en la elaboración de su informe a la complejidad de la información que les ha tocado estudiar y desarrollar.

Al fin, el documento llega a la Fiscalía. Pero no a Anticorrupción ni a través de la Policía. Es Manos Limpias, que ya se había querellado sin éxito contra los dirigentes de Podemos por la financiación del partido, quien vuelve a probar suerte ante el Tribunal Supremo. En su nueva querella se incluyen informaciones de distintos medios de comunicación y el informe P.I.S.A. en su integridad, según ha podido cotejar esta redacción. ¿Cómo ha llegado el informe a Manos Limpias? ¿Puede el Alto Tribunal valorar como un informe policial 38 páginas sin más sello que el de “secreto”?

La respuesta llega el 25 de febrero. La Fiscalía pide “acordar la inadmisión y archivo de la querella por no revestir los hechos carácter de delito”. La primera información al respecto llega el 4 de marzo, jornada en la que infolibre.es adelanta que la petición de archivo de la Fiscalía.

La Fiscalía del Tribunal Supremo tacha el informe P.I.S.A. de “mera remisión de informaciones no autenticadas”. El documento, con múltiples erratas, incluye como “pruebas” recortes de prensa e informaciones provenientes de fuentes sin identificar.

Además, entra en contradicciones cuando asegura a la vez que Izquierda Unida financió al “entorno de Pablo Iglesias” gracias a la intervención de la dirigente andaluza Amanda Meyer mientras Iglesias intentaba tomar “al asalto” la organización justo cuando su padre, Willy Meyer, encabezaba la candidatura a las europeas.

Parece que la maniobra contra Podemos enfila sus últimos días. Sin embargo, unos días antes la cadena Cope adelanta que la Policía ha recurrido al Tribunal de Cuentas, a donde ha enviado la UDEF el informe en lugar de a la Fiscalía Anticorrupción. Este lunes, la Cadena Ser mostraba la primera página del escrito de la UDEF al Tribunal de Cuentas con fecha 9 de febrero.

El Tribunal de Cuentas, pese a su denominación, no depende del Poder Judicial. La Constitución regula este órgano administrativo en su artículo 136, dentro del Título VII destinado a Economía y Hacienda. Sus miembros no son jueces, aunque gozan “de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades” que ellos. Este órgano depende de las Cortes Generales.

El movimiento pretende salvar la maniobra. El Tribunal Supremo archivará probablemente la querella de Manos Limpias, de acuerdo al informe de la Fiscalía, pero el Ministerio del Interior siempre podrá argumentar que el informe sigue vivo porque el Tribunal de Cuentas, una lentísima maquinaria administrativa, indaga sobre los indicios que en él se contienen.

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septiembre 21st, 2017 by admin77

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La Fiscalía del Tribunal Supremo tilda el denominado informe P.I.S.A. sobre la presunta obtención por el líder de Podemos Pablo Iglesias de subvenciones presuntamente ilícitas de los gobiernos venezolano e iraní, atribuido por Manos Limpias a la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía, de mero conjunto de informaciones “no autenticadas” que no pueden suponer una base para un procedimiento penal.

Así se señala en el informe hecho público este viernes en el que la Fiscalía del alto tribunal insta al archivo de una segunda querella de Manos Limpias contra Iglesias, Iñigo Errejón, otras cinco personas y diversas entidades mercantiles por delitos contra los derechos de los trabajadores, desobediencia, organización criminal, asociación ilícita, apropiación indebida, administración desleal, tráfico de influencias, cohecho, corrupción entre particulares y contra la Hacienda Pública.

En el escrito se hace alusión a que la querella, bajo el epígrafe “hecho común contra todos los querellados” se hace referencia un informe denominado P.I.S.A, que se dice acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, “y se atribuye a la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía”.

Señala que en cuanto al denominado informe P.I.S.A. “hay que indicar que se trata de una mera remisión de informaciones no autenticadas difundidas públicamente por los medios de comunicación sin ofrecer indicios accesibles y racionales”.

En estos casos, como ya tiene declarado el Supremo, “no puede hablarse de un verdadero ejercicio de la acción penal que determine la apertura de un procedimiento penal”, señala el Ministerio Público.

Otra querella archivada

En su escrito, de diez páginas, la Fiscalía del Supremo recuerda que el alto tribunal ya archivó en mayo del pasado año otra querella contra Iglesias por los mismos hechos, presentada el 4 de febrero de 2015 también por Manos Limpias, y que la actual no aporta respecto al diputado Iglesias nuevos datos o documentos que sean relevantes.

Respecto de esa primera querella la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declaró que su contenido era “confuso” y exponía en un totum revolutum “hechos, opiniones y sospechas donde es difícil advertir elementos “dogmáticos” que sustenten la acusación.

La querella indicaba que Iglesias empleó la Asociación Cultural Producciones con Mano Izquierda, como “pantalla” para “diversas y notorias irregularidades” tales como el empleo de trabajadores sin figurar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social; el pago de comisiones en dinero B por prestaciones de servicio; la supresión de derechos de los trabajadores; el abuso de las condiciones fiscales que caracterizan a una asociación sin ánimo de lucro; y la obtención de subvenciones de entidades y personalidades internacionales, de sospechoso origen ilícito, como son La República de Venezuela y el Régimen Iraní.

En cuanto al delito contra los derechos de los trabajadores, que ahora se volvía denunciar, el Supremo ya destacó en su resolución de mayo de 2015  que ninguno de los trabajadores de las entidades que aparecían en la querella había reclamado ni denunciado este hecho. Los magistrados se mostraban, además, sorprendidos por las acusaciones de fraude fiscal cuando “no se dice nada de las cantidades que debía haber ingresado a Hacienda.

Tampoco aprecia delito en Errejón

Respecto de Iñigo Errejón y su relación contractual con la Universidad de Málaga (UMA), que también aparecía en la querella de Manos Limpias, el fiscal considera que debe solventarse en el ámbito disciplinario y los hechos no revisten entidad para ser considerados una infracción penal. En la querella se le acusaba de estafa y delito contra la seguridad social.

De hecho, el pasado mes de marzo se abrió expediente disciplinario por la UMA  al entonces responsable de la Secretaría Política de Podemos por, supuestamente, incumplir su obligación laboral y vulnerar la Ley de Incompatibilidades en relación con un proyecto de investigación que realizaba en dicho centro.

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septiembre 21st, 2017 by admin77

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La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, de acuerdo con sus respectivas fiscalías, han despreciado en los últimos meses el informe policial que acusaba a Podemos de financiarse con fondos procedentes de los gobiernos de Irán y Venezuela. Aun así, Rafael Hernando, portavoz en el Congreso del PP, ha recuperado el contenido del informe PISA para volver a lanzar acusaciones de financiación ilegal al partido de Pablo Iglesias durante el pleno de investidura de Mariano Rajoy.

“Ellos (los imputados y condenados por corrupción en el PP) quizá usaron las siglas de los partidos para enriquecerse, pero es que usted usó el nombre de España para ponerse a la venta de dictadores y de regímenes extranjeros como el de Venezuela y el de Irán”, ha dicho Hernando. Iglesias ha pedido la palabra por alusiones; la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha preguntado al portavoz del PP si retiraba su acusación, y éste ha contestado: “4 millones de dólares”.

Una cifra similar, 3,7 millones, aparece en el informe PISA como la que supuestamente entregó el Gobierno de Hugo Chávez a una fundación próxima a Podemos, antes incluso de que el partido existiera. Esa conclusión y todas las demás que aparecen en el informe policial fueron rechazadas por los tribunales, a donde Interior ni siquiera se atrevió a llevar el documento.

Fue Manos Limpias quien finalmente puso la querella sin que trascendiera cómo se hizo con el informe, filtrado anteriormente a medios de comunicación habituados desde 2012 a publicar otros documentos apócrifos contra independentistas catalanes. El líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, está hoy en prisión acusado de liderar una organización criminal.

El Ministerio del Interior reconoció el informe, realizado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía, el nido de la policía política durante el Gobierno del PP. Decidió entonces enviarlo a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) para que, con la información que contenía, elaborara algo con posibilidades de ser valorado por un tribunal. Eso nunca se llegó a producir, aunque el jefe de la UDEF se puso en contacto con jueces del Supremo ofreciéndose a explicarles el contenido del informe PISA que incluía la querella de Manos Limpias.

En un último intento por prolongar sus efectos contra Podemos, el Ministerio del Interior decidió enviar el informe PISA al Tribunal de Cuentas en marzo de 2016. Este organismo fiscalizador no se ha pronunciado al respecto desde entonces.   

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Eduardo-Inda-debate-Sexta-Noche_EDIIMA20170921_0416_4
septiembre 21st, 2017 by admin77

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El Partido Popular pretende sentar en el senado a cargos del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro en una sesión monográfica para indagar en la financiación de Podemos y ha fijado como fecha el próximo 13 de octubre, día en que también pretende citar a uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero.

En la comisión que ha creado en la Cámara Alta, donde sí tiene mayoría, como respuesta a la decisión del Congreso de investigar su contabilidad en negro, el Partido Popular pretende invitar al presidente de la Comisión Controlatoria de Venezuela, Fredy Guevara, y a la ex fiscal general del Estado de aquel país Luisa Ortega Díaz.

Junto a ellos, los populares también pretenden que comparezca Eduardo Inda, director de Ok Diario, uno de los medios más beligerantes con el partido con Pablo Iglesias y el que publicó un informe policial apócrifo sobre supuestas aportaciones del Gobierno venezolano que no fue aceptado en ningún tribunal. 

La propuesta tiene que ser debatita y aprobada el próximo lunes por la Comisión, en la que el PP tiene mayoría absoluta. La siguiente sesión que plantea el partido de Mariano Rajoy sería el día 26 de octubre y estaría dedicada a fiscalizar la financiación de Ciudadanos, informa Europa Press. 

La oposición, que ha acudido a la reunión de hoy de la Mesa y Portavoces de la comisión para conocer los planes del PP, ha anunciado que no lo hará el lunes porque va a mantener el plante que ya decidió el mes de julio. El resto de partidos interpretan que el PP solo pretende usar su mayoría en la Cámara Alta para contrarrestar los efectos que la investigación en el Congreso planea sobre su financiación, y en la que sigue participa todo el arco parlamentario.

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Interior-Fernandez-director-Nacional-Eugenio_EDIIMA20170209_0060_43
septiembre 21st, 2017 by admin77

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El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, el dictamen de la comisión de investigación que señaló al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de ese mismo Cuerpo Eugenio Pino como responsables políticos del uso “partidista” de este departamento.

El citado dictamen acredita que durante el mandato de Fernández Díaz, que ya fue reprobado por el Congreso, se creó en Interior una estructura policial bajo las instrucciones del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, y por orden del exDAO Eugenio Pino, para poner trabas a los escándalos de corrupción que afectan al PP, pero también para investigar y, en su caso, “perseguir” a adversarios políticos.

Entre esos adversarios el texto aprobado cita al propio PSOE, como lo demuestran los trabajos realizados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que elaboró en secreto informes sobre el 11-M y el caso Faisán, relativo a un chivatazo a la red de extorsión de ETA.

Operación Cataluña y el informe PISA

También habría sido perseguido el nacionalismo catalán, a tenor de la investigación sobre la supuesta cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias (antigua Convergència); o Podemos, con la fabricación del informe PISA (Pablo Iglesias, S.A.) contra el líder de esa formación, Pablo Iglesias, y la supuesta financiación de su partido con fondos procedentes de Irán o Venezuela.

“Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y el Estado de Derecho”, reza el documento, que se estructuró en cuatro puntos, en uno de los cuales también se eleva una queja por la obstrucción del Gobierno a la hora de facilitar documentación sobre el objeto investigado.

El único apartado del dictamen que se ha votado por separado y que se ha aprobado por unanimidad ha sido el que respalda la actuación de la mayoría de las efectivos de la Policía, un asunto que tanto el PP como Ciudadanos han apoyado.

Además del dictamen, el Pleno ha votado también las conclusiones que cada grupo adjuntó al mismo para elevar el listón de responsables por encima del exministro del Interior o eximirle de toda responsabilidad, como ha sido el caso del PP.

Rechazados todos los votos particulares

Sin embargo, todos ellos han sido rechazadas. Así, PP, PSOE y Ciudadanos han tumbado los votos particulares de Unidos Podemos y las minorías; el PP, una vez con Unidos Podemos y Ciudadanos, ha tumbado los del PSOE, y luego con PSOE y Unidos Podemos ha he cho lo mismo con los de Ciudadanos, mientras que toda la oposición ha tirado por tierra las propuestas del PP.

Durante el debate del dictamen, el portavoz del PP, Carlos Rojas, ha insistido en que la mayoría de las conclusiones de la comisión con “inverosímiles”. “No hay caso porque no hay un solo documento que demuestre un uso político de Interior. Tenían sus conclusiones dictaminadas de antemano y lo que ha habido es un buen Gobierno y un buen ministro”, ha afirmado.

En la encendida defensa que ha hecho de la gestión de Fernández Díaz, Rojas ha recordado que su compañero ya no es ministro, por lo que no hay responsabilidad política que exigirle, y ha acusado a la oposición de haberle impedido presidir una comisión del Congreso, lo que ha definido como “un castigo injusto y partidista para un leal servidor público” al que se ha cuestionado por “unas grabaciones ilegales” que la oposición ha tomado como “verdad suprema”, pese a estar “manipuladas”. En la misma línea se ha manifestado el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador.

De su lado, Ciudadanos, por boca de Miguel Gutiérrez, ha justificado su abstención a las conclusiones en que sólo puede censurar a los exresponsables de Interior por “incompetencia” y “dejación de funciones”, pero no por la existencia de pruebas que puedan llevar a concluir que existiera una “policía política” que persiguiera a los adversarios del PP.

Por contra, el socialista Juan Carlos Campo ha defendido las conclusiones de la que, desde su punto de vista, ha sido una “comisión rara” y ha dedicado duras críticas al PP por el uso que hicieron del Ministerio. “Las democracias sufren tormentas, nubarrones y muchas tentaciones, pero se escriben con renglones rectos y palabras indelebles y en los meses y años analizados por esta comisión sus renglones fueron muy torcidos”, ha resumido.

Podemos: el PP es “un peligro para la democracia”

“Son un peligro para la democracia porque son expertos en vivir fuera de la ley”, ha espetado a los ‘populares’ la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, quien ha subrayado que los de Mariano Rajoy deberían sentir “vergüenza democrática” por el uso partidista que hacen de las instituciones.

“Usaron Interior para crear una estructura parapolicial con el único objetivo de fabricar pruebas falsas contra el adversario políticos. Sientan vergüenza democrática y así sentirán lo que sentimos los españoles”, ha afirmado.

Tanto los portavoz del PDeCAT, Sergi Miguel, como el de ERC, Joan Tardà –el comisionado de los independentistas fue Gabriel Rufián, hoy ausente–, han centrado sus intervenciones en denunciar la actuación del Gobierno para tratar de frenar el referéndum secesionista del próximo 1 de octubre, como ha hecho el primero, o en exigir libertad para los 14 detenidos este miércoles en Barcelona, en el caso de Tardà.

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septiembre 21st, 2017 by admin77

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El Gobierno de Mariano Rajoy mantiene su estrategia de respuesta a cada paso que den los independentistas catalanes mediante la aplicación de mecanismos legales que le permitan intervenir competencias de la Generalitat de Catalunya para frenar el referéndum independentista del 1 de octubre, en lugar de aplicar directamente el artículo 155 de la Constitución.

Junto a las medidas intervencionistas, el Ejecutivo deja en el plano más difícil de explicar políticamente a la Fiscalía General del Estado que se ocupe de las actuaciones policiales más duras.        

El Gobierno ha variado su posición ante el polémico mecanismo constitucional. En un primer momento descartaba su aplicación alegando que se “iba a dar una respuesta proporcional y prudente” al desafío secesionista y el 155 “no estaba encima de la mesa”. Posteriormente, varios ministros, entre los que se encontraba el titular de la cartera de Justicia, Rafael Catalá, apuntaron que “es una herramienta más que puede llegar a aplicarse en determinadas circunstancias”.  

Ahora, el cambio de los socialistas, que han rebajado su rechazo inicial a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío independentista, y por parte de Ciudadanos, que se posicionó inicialmente en contra pero ha adoptado la postura de respaldo absoluto a las acciones del Gobierno, son valoradas positivamente por la Moncloa porque “refuerzan la unidad de los demócratas”. 

El visto bueno de ambos partidos era un requisito del Gobierno que ya habían lanzado dirigentes del PP como Xavier García Albiol. El presidente de los populares catalanes señaló que “el Gobierno de España va a estar a la altura de las circunstancias y va a utilizar todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición del gobierno sin descartar ninguna, incluida el artículo 155”, pero llamaba la atención de que “no se puede cargar sólo en el PP la responsabilidad de defender a España como nación. Es importante que las decisiones que se tomen tengan el apoyo de Ciudadanos y del PSC”.

Sin embargo, en el Ejecutivo Rajoy se tiene muy presente las implicaciones políticas negativas de la tutela total de las competencias autonómicas catalanas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, donde se está jugando una fuerte pelea por la imagen. 

Las actuaciones “en rebeldía” del Govern han hecho que el Gobierno adopte una fórmula intermedia en la que asume el control de competencias autonómicas. La toma de las riendas financieras de Catalunya por parte de la Administración Central es un ejemplo claro de esta estrategia. La norma aprobada en el consejo de ministros del pasado viernes deriva la gestión de los pagos de la autonomía al Gobierno central y hace corresponsables a todos los agentes que contraten con la Generalitat de que las actividades que la comunidad está llevando a cabo no sirven para colaborar en la puesta en marcha del 1-O.

Esta estrategia lleva a los independentistas catalanes a situar la disputa en los tribunales —el Govern presentó ante el Tribunal Supremo el recurso contra la intervención de sus cuentas—, un campo de juego en el que el Gobierno está más cómodo porque rebaja la tensión política y coloca el conflicto en los tribunales. El Tribunal Supremo puede tardar entre dos y tres semanas en resolver si suspende de forma cautelar la intervención de los gastos de Cataluña por parte del Estado, una vez que la fecha del referéndum ya ha pasado. 

La medida aprobada por el ministerio de Hacienda no deja de ser una intervención de la autonomía de Catalunya como marca el artículo 155. De hecho, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, explicó que “si metemos a los hombres de negro en las finanzas de las comunidades autonómicas es aplicar un articulo de la Constitución que el señor Rivera no quiere aplicar”, en relación al 155 y a la petición del líder de Ciudadanos para que se controlaran los gastos de la Generalitat pero no se aplicara el artículo de la Constitución.

Aunque en la Moncloa se tiene por seguro que la policía autonómica catalana va a seguir las órdenes dictadas por la Fiscalía General del Estado para frenar el referéndum y que no se va a llegar a una situación de violencia, el próximo golpe de la Administración central podría ser otra intervención parcial: del Departament d’Interior de la Generalitat para poner a los Mossos bajo la dirección del ministerio del Interior. 

En caso de que los dirigentes independentistas sigan desobedeciendo al Tribunal Constitucional, fuentes de la Moncloa restan importancia a la falta de una regulación concreta y que aunque el artículo 155 no se haya utilizado nunca “en solo cinco días se podría aplicar”. El procedimiento está regulado en el Reglamento del Senado, en su artículo 189, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta.

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septiembre 20th, 2017 by admin77

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septiembre 20th, 2017 by admin77

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Tras una Junta Directiva Nacional del Partido Popular, un periodista de un medio catalán comentaba a un miembro de la dirección nacional del PP que el Gobierno central parecía no darse cuenta de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, iba a seguir hasta el final para celebrar el referéndum del 1-O. El dirigente popular le respondió que eran los independentistas del Govern los que no querían darse cuenta de que el Ejecutivo del presidente, Mariano Rajoy, iba a ir hasta el final con toda la fuerza del estado de derecho para que la consulta independentista no tuviera lugar.       

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septiembre 20th, 2017 by admin77

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Te contamos todas las claves de los frentes político y judicial ante el referéndum del 1 de octubre convocado por la Generalitat. 

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septiembre 20th, 2017 by admin77

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El coordinador general de Catalunya en Comú y portavoz de la confluencia catalana en el Congreso, Xavier Domènech, atiende a eldiario.es poco después de que su grupo haya abandonado el Pleno del Congreso en protesta por la actuación policial de esta mañana, que ha deparado una docena de detenciones y el registro de instalaciones de la Generalitat. Domènech acusa al Ejecutivo de aplicar el artículo 155 de la Constitución sin la preceptiva votación de las Cámaras y espera que el PSOE se sume a quienes se sitúan frente al Gobierno de Mariano Rajoy: “Hay que trabajar para salir de esta situación. El que esté, que esté; y el que no esté, que no esté”.

Esta mañana han abandonado el Pleno del Congreso, ¿cuál es el motivo?

Hemos visto las noticias que llegaban desde Catalunya y hemos tomado la opción de irnos del Pleno, por un lado, y de convocar una concentración con el resto de compañeros y compañeras del grupo confederal delante de la Puerta de los Leones. Yo luego me iré a Barcelona a coordinar y a ver qué acciones acometemos desde allí y otros compañeros se quedarán para asistir a la comparecencia de Cristóbal Montoro en la Comisión de Hacienda. Creemos que es necesaria una respuesta a las agresiones que se están cometiendo desde el Gobierno del Estado a Catalunya.

En la sesión de control le ha recriminado a Montoro que el Gobierno haya intervenido de facto la Autonomía catalana sin aplicar el artículo 155 de la Constitución. ¿Esto qué supone?

Lo que se ha producido esta semana y la anterior con la intervención de las finanzas de la Generalitat de Catalunya es claramente una intervención del autogobierno. Ellos lo han justificado con un pastiche legislativo que no se aguanta, como una derivada de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esa ley es ya de hecho una intervención a todas las Autonomías del Estado, pero es que esa ley habla de controlar el déficit. Han intervenido el conjunto de la economía de la Generalitat. Es una actuación claramente ilegal para no desarrollar el artículo 155 porque tendría que pasar por una votación. No quieren que pasen por las Cámaras legislativas las actuaciones que está haciendo el Estado en relación a Catalunya.

¿Con qué objetivo?

Ayer vimos el porqué. Cuando se pretende que las Cámaras apoyen las políticas del Gobierno del Estado, pierden. Aquellos que dicen defender la soberanía nacional representada en las Cámaras legislativas no se atreven a contrastar sus iniciativas con esa soberanía nacional. Estamos viviendo medidas de excepcionalidad que superan el marco del Régimen del 78. Aquellos que se proclaman defensores de ese Régimen del 78 están rompiendo pactos básicos de aquel proceso constituyente.

El Gobierno se escuda en que las operaciones de la Guardia Civil están ordenadas por jueces. ¿Tenían alternativas?

Había muchísimas alternativas. Una era haber hecho caso a todos los constitucionalistas de signo diverso en lo ideológico y haber pactado el referéndum con Catalunya, y eso constitucionalmente se puede hacer. Otra alternativa era establecer mesas de diálogo- Había miles de alternativas que se llaman hacer política y no esconderse detrás de los jueces. Y este Gobierno ha decidido esconderse detrás de los jueces. Y esto no es política, ni democracia ni es estar a la altura de los tiempos que estamos viviendo.

Están promoviendo una movilización. ¿Cuáles son los siguientes pasos?

Tenemos que ver cómo se desarrollan las próximas horas. Se está produciendo un ataque contra las instituciones catalanas pero también contra las libertades básicas de expresión en Catalunya y en España. Esto ya no va de independencia sí o no; no va de si eres confederalista o federalista. Va de hacer frente a lo que estamos viviendo.

El domingo en Zaragoza van a celebrar la asamblea de cargos electos a favor de un referéndum pactado. PNV, ERC, PDeCAT y Mès ya han anunciado su asistencia. Después de la votación de ayer en el Congreso y de lo ocurrido esta mañana, ¿espera que el PSOE reconsidere su posición y finalmente asista a la asamblea?

Sería bueno que el PSOE asistiera. Sería bueno que lo reconsiderasen y hubiera una representación del socialismo en la asamblea. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para salir de esta situación y acabar con las medidas excepcionales. El que esté, que esté; y el que no esté, que no esté.

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